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Quito, Diciembre 27 de 2004


Señor
Leandro Despouy
Relator Especial de la Comisión
de Derechos Humanos sobre la
independencia de jueces y  magistrados
Ginebra

Ref: Situación de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, violación de la independencia de la función judicial, de la división de poderes e interferencia en el organismo encargado del control constitucional


Señor Relator:


En ejercicio de nuestros derechos humanos y ciudadanos los abajo firmantes nos dirigimos a usted con el fin de que conozca la actual situación de la Corte Suprema  del Ecuador y la  inconstitucional intervención en ella por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que  determina que existen graves violaciones a los derechos humanos que  afectan de manera grave a toda la población ecuatoriana.

Nuestra comunicación tiene como objetivo fundamental el obtener su inmediata intervención, tal como ya la han pedido los Ministros de la Corte Suprema del Ecuador  y  solicitarle que realice una visita el Ecuador con el fin de que usted compruebe de manera directa la forma en que se ha afectado la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados y la virtual situación de ausencia de régimen constitucional en que nos encontramos, al haberse suprimido la división de poderes.

Consideramos importante señalar, el Ecuador mantiene una invitación abierta a todos los relatores de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, lo cual facilita su visita a nuestro país.

El Ecuador  ha mantenido   desde 1979 un laborioso proceso  para superar crisis sobre la independencia del poder judicial que fue duramente afectada en la época dictatorial (1970 a 1979) ,durante la cual, aparte de crearse tribunales especiales, se reorganizó el poder judicial  para asegurar fallos en beneficio del gobierno o para impedir decisiones en su contra. El actual Presidente del Ecuador, aunque elegido en segunda vuelta con mayoría de votos, tiene la formación militar de la época dictatorial, pues inició sus estudios en pleno gobierno militar y, por ello, en 2000 dio un golpe de estado que fracasó parcialmente, pues aunque se sustituyó al Presidente en funciones por el Vicepresidente, los golpistas no alcanzaron el poder, fueron sometidos a juicio, pero luego se les concedió amnistía.

La Corte Suprema de Justicia del Ecuador fue designada, como consecuencia de un plebiscito, a través de una selección efectuada por varios estamentos de la sociedad, con el carácter de vitalicia, como lo había resuelto el pueblo con una mayoría de más del 60% de los votos. Sus vacantes sólo podían ser llenadas por la propia Corte con la mayoría de votos de las dos terceras partes de sus integrantes. Ni el Congreso ni el poder ejecutivo tenía ingerencia alguna sobre la función judicial.

Sin embargo,  entre el 8 y el 9 de diciembre de 2004,, el Congreso por simple mayoría de votos, en  convenio con el Presidente de la República desintegró el Tribunal Constitucional y nombró uno ad-hoc con el fin de asegurar la imposibilidad de que se discutiera la constitucionalidad de los actos futuros del ejecutivo y de la legislatura. El Tribunal Constitucional así nombrado dispuso que, por orden del Presidente de la República, los jueces se abstuvieran de tramitar acciones de amparo constitucional. Con ello se impidió el acceso de los ciudadanos al amparo judicial frente a las arbitrariedades. Además, con miras a un plebiscito que buscaría “convalidar” todas las actuaciones de los poderes ejecutivo y legislativo, inclusive la desintegración del poder judicial,  se reestructuró, sin tener facultades para ello, a los órganos  de control electoral.

Luego de estos actos arbitrarios, contrarios a nuestra Constitución Política, el Congreso, así mismo con el voto de cincuenta y dos diputados, de entre los  cien que lo conforman, resolvió destituir a los treinta y un Magistrados de la Corte Suprema y designó (sin que en la Constitución existiera norma alguna que así le facultara) a sus supuestos reemplazos, a quienes ordenó que reestructurara en quince días a toda la función judicial. En la misma resolución,  decidió reformar la Constitución Política al  consagrar que los Ministros de la Corte Suprema estaban sujetos a un eventual juicio político, con lo cual aseguraba la sumisión del poder judicial al legislativo

Por todo lo expuesto nos permitimos insistirle en su visita al Ecuador para que constate que en nuestro país se ha eliminado la justicia imparcial para entregarla a  marionetas de los otros poderes del Estado.

En caso de que requiera cualquier información adicional le agradeceremos  dirigir cualquier comunicación a la siguiente dirección:

Dr. Raúl Moscoso Álvarez

Edificio Alpallana Piso 1

Alpallana 289 y Diego de Almagro

Quito-Ecuador

Telefax: +593 2 2508776

Telefax: +593 2 2508782

E mail: merovingio@hotmail.com