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                                                                        Quito, febrero 22, 2005


Señores Legisladores:

“Ciudadanos por la Democracia”, movimiento que se generó para detener el golpe de Estado originado el 25 de noviembre de 2004 y consumado el 8 de diciembre del mismo año, se permite hacer las siguientes consideraciones con relación a la propuesta presentada por la Asamblea de Quito, de la cual formamos parte, para expresar aspectos en los cuales no estamos de acuerdo sobre dicha propuesta y, al mismo tiempo señalar, cual es el camino constitucional para volver al Estado de derecho.

Como ustedes conocen, el 25 de mayo de 1997 el plebiscito, convocado por el Presidente Interino, aprobó por 2’718.886 votos contra 1’067.724, que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia debían ser seleccionados por la propia Función Judicial y no tendrían ningún plazo determinado para el ejercicio de sus cargos.

Con el fin de ejecutar esta decisión popular el Congreso aprobó las siguientes reformas constitucionales:


1.         Cambió el artículo 128 de la Constitución con el fin de que dijera:

“Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere:

a)        Ser ecuatoriano por nacimiento;


b)        Hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía;


c)         Ser mayor de cuarenta y cinco años;


d)        Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la cátedra universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de veinte años; y

f)          Cumplir los demás requisitos de idoneidad que fije la Ley”.


Cambió el artículo 129 para que dijera:

“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están sujetos a período fijo en la duración de sus cargos. Cesarán en sus funciones por las causales determinadas en la Constitución Política de la República y la Ley.- Producida una vacante, cualquier que sea su causa, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, designará al nuevo magistrado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, observando los criterios de profesionalismo y de carrera judicial de conformidad con la Ley”.

Incluyó las siguientes tres disposiciones transitorias en la Constitución:

“DÉCIMA QUINTA.- Para hacer posible  la inmediata  aplicación de los principios aprobados en la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997, decláranse terminados los períodos para los cuales fueron designados los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes, sin embargo, permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados en la forma que se determina en la siguiente transitoria”.

“DECIMA SEXTA.- El Congreso Nacional, designará  por esta vez, a los treinta y un magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una lista integrada por no menos de cuatro ni más de diez candidatos propuestos por las siguientes entidades nominadoras de la sociedad civil:

1.- Por los ex Presidentes Constitucionales de la República;

2.- Por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana;

3.- Por los ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia;

4.- Por la Federación Nacional de Abogados;

5.- Por las asociaciones de Derechos Humanos;

6.- Por los Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas y los miembros del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP);

7.- Por la Asociación Nacional de Directores de Periódicos, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión;

8.- Por los magistrados de las Cortes Superiores de Justicia y Tribunales distritales de los Fiscal y de lo Contencioso Administrativo y la Federación Nacional de Empleados y Funcionarios Judiciales;

9.- Por las centrales sindicales, las organizaciones campesinas y los maestros y educadores organizados en la UNE y FENAPUPE;

10.- Por las organizaciones de los pueblos indios y afroecuatorianos del Ecuador;

11.- Por el Consorcio de Consejos Provinciales y la Asociación de Municipalidades del Ecuador ;y,

12.- Por las Cámaras de la Producción y Artesanía.

Cualquier otra persona  u organización de la sociedad civil podrá presentar ante la Comisión Constitucional de Asuntos Judiciales sus nominaciones.- Las personas e instituciones  a que se refiere esta  disposición remitirán al Congreso Nacional la lista de los nominados en el plazo de ocho días  a partir de la publicación en el Registro Oficial de estas reformas a la Constitución.- Los candidatos así nominados deberán  reunir los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Constitución, reformado.- Se constituirá una Comisión calificadora conformada por tres legisladores  designados por el Congreso Nacional y por tres representantes de la sociedad civil escogidos por las entidades nominadoras, quienes designará un  séptimo miembro no legislador, quien la presidirá.- La Comisión calificará a aquellas candidaturas que cumplan los requisitos  señalados en el artículo 128  de la Constitución, reformado,  y además que reúnan las condiciones de probidad, idoneidad, experiencia y capacidad.- Para ello, una vez que reciba la lista de postulantes, dispondrá la publicación de la misma por una sola vez, de modo de permitir que personas naturales o jurídicas puedan en forma documentada y reservada presentar sus objeciones a la calificación de cualquier postulante.- En el plazo de tres días contados a partir de la fecha de la mencionada publicación, remitirá su informe  a conocimiento del Congreso Nacional, el cual designará a los treinta y un  magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:

Veinticuatro de entre los presentados por los doce colegios nominadores y calificados por la Comisión;

Siete de entre los presentados por cualquier otra persona u organización de la sociedad civil, calificados por la Comisión, bajo los mismos requisitos exigidos para los demás postulantes.

Si alguna de las personas o entidades nominadoras no presentare dentro del plazo establecido  en esta disposición transitoria las candidaturas, el Congreso Nacional designará a los magistrados seleccionándolos de entre el resto de los nominados.- Los magistrados así designados se posesionarán ante el Presidente del Congreso Nacional.- El Tribunal Supremo Electoral convocará en el plazo de tres días contados a partir de la publicación  de esta reformas en el Registro Oficial, a los colegios nominadores integrados por la Federación Nacional de Abogados del Ecuador; las Asociaciones de Derechos Humanos ;los Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas y los miembros del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP); la Asociación Nacional de Directores de Periódicos, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y la Asociación Ecuatoriana  de Radiodifusión; los magistrados de las Cortes Superiores de Justicia y Tribunales Distritales de los Fiscal y de lo Contencioso Administrativo y la Federación Nacional de Empleados y Funcionarios Judiciales; las centrales sindicales, organizaciones campesinas y los maestros y educadores organizados en la UNE y FENAPUPE ;las organizaciones de los pueblos indios y afroecuatorianos del Ecuador; el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador y la Asociación de Municipalidades del Ecuador; y las Cámaras de la Producción y Artesanías, que conformarán  las listas de los nominados para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.- El Tribunal Supremo Electoral organizará, dirigirá y garantizará dicho proceso de nominación y remitirá al Congreso Nacional la lista de los nominados”.

“DECIMA OCTAVA.- El Tribunal Supremo Electoral convocará en el plazo de tres días contados a partir de la publicación de este reforma en el Registro Oficial, a las doce entidades nominadoras de la sociedad civil, para que en conjunto designen a los tres representantes  miembros de la Comisión Calificadora de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.- Cada una de las entidades nominadoras tendrá derecho a un voto.- El Tribunal Supremo Electoral dirigirá, organizará y garantizará dicho proceso de nominación para lo cual dictará  las disposiciones y procedimientos necesarios, luego de lo cual remitirá al Congreso Nacional la lista de los designados”.

Las mismas reformas constitucionales que se promulgaron el 31 de julio de 1997 ordenaron que se convocara a Asamblea Constitucional con el fin de que introdujera nuevas reformas a la Constitución.  En consecuencia, la Asamblea Constitucional aprobó y promulgó una versión codificada de la Constitución que contenía tanto las disposiciones no reformadas como las disposiciones que reformó.  Dicha Constitución se promulgó el 5 de junio de 1998 en la Gaceta Constitucional y comenzó a regir, en virtud de lo dispuesto en ella, el 10 de agosto de 1998, el momento en que el Presidente de la República tomó posesión de su cargo.

El artículo 202 de la Constitución así promulgada mantuvo el texto señalado en el artículo 129 antes indicado, al cual se añadió el tercer inciso en cuya virtud los Ministros de la Corte Suprema de Justicia debían ser designados alternativamente de la Función Judicial, de entre los abogados en libre ejercicio profesional y de entre los profesores universitarios.  Esta disposición se cumplió por cinco ocasiones luego de que el Congreso de 1 y 2 de octubre de 1997 designó, de acuerdo con la norma transitoria antes indicada, 31 ministros de la Corte Suprema.  Este proceso fue mencionado como un importante aporte para el desarrollo de los derechos humanos en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 15 de abril de 2000 en el cual se señaló que el sistema había sido mantenido por el texto constitucional de 5 de junio de 1998.  Tal texto del artículo 202 actualmente dice:

“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estará sujetos a período fijo en relación con la duración de sus cargos. Cesarán en sus funciones por las causales determinadas en la Constitución y la ley.- Producida una vacante, el pleno de la Corte Suprema designará al nuevo magistrado, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, observando los criterios de profesionalidad y de carrera judicial , de conformidad con la ley.- En la designación se escogerá, alternadamente, a profesionales que hayan  ejercido la judicatura, la docencia universitaria o permanecido en el libre ejercicio profesional, en este orden”.

Por consiguiente, es evidente, de toda evidencia, que sólo la Corte Suprema de Justicia puede llenar sus vacantes.  Ningún otro órgano del Estado puede hacerlo.

La única Corte Suprema que, constitucionalmente, se encuentra electa es la designada el 1 y 2 de octubre de 1997 con los cinco cambios que ella misma realizó en virtud del fallecimiento de cuatro Ministros Jueces y de la renuncia de una Ministra Juez.

En los días previos al golpe de Estado de 8 de diciembre de 2004 la Corte ya había prácticamente llegado a un acuerdo sobre la designación de tres Ministros Jueces adicionales en reemplazo de tres Ministros Jueces, uno de los cuales había fallecido, otro había renunciado voluntariamente y un tercero había sido obligado a renunciar en virtud de haber cometido hechos ilícitos.

Siendo como es, por todo lo expuesto, totalmente inconstitucional lo actuado por el Congreso Nacional el 8 de diciembre de 2004, al haber realizado la designación de una corte de facto y en vista de la necesidad de que el Ecuador retorne al régimen de derecho, es indispensable que el Congreso se limite a anular sus resoluciones de 25 de noviembre y 8 de diciembre de 2004 con el fin de que vuelvan las cosas a la situación anterior al golpe de Estado.

Como consecuencia de ello, la Corte Suprema de Justicia deberá llenar sus propias vacantes que, al momento, ya es de seis, puesto que tres de sus anteriores Ministros perdieron el cargo al haber asumido una nueva función en una corte de facto.   Tal Corte, además, podrá llenar de inmediato las vacantes que se produjeran como consecuencia de una eventual renuncia de uno o más de sus Ministros.

Este procedimiento sencillo y fácil es el único constitucionalmente válido para el retorno al régimen de derecho.  Ni el Congreso ni una comisión especial, aunque estén amparados por una ley orgánica, podrían hacer esa designación.  Solo a la Corte Suprema de Justicia le corresponde hacerlo.

En el improbable evento de que, asumiendo funciones que no le corresponden, el Congreso decidiera formar un comisión para la designación de nuevos Ministros Jueces o resolviera designarlos directamente, la nueva Corte así nombrada tendría los mismos vicios que la inconstitucionalmente nombrada el 8 de diciembre de 2004.

Este procedimiento, que “Ciudadanos por la Democracia” insiste en que debe adoptarse, también sería aceptable inclusive en el evento de que los Ministros Jueces de la Corte Suprema presentaren su renuncia puesto que al no haber sido legalmente reemplazados continúan en funciones prorrogadas y, por ello, podrían elegir a los reemplazos para llenar las vacantes.

Es hora de que la crisis que se genera por ambiciones políticas u otros motivos sea suspendida de conformidad con el derecho y no a través de decisiones políticas que conmueven los escenarios jurídicos.

Si queremos, como dijo el Alcalde de Quito, reemplazar una patria vieja por una patria nueva, tenemos que comenzar reconociendo que el único cimiento para tal cambio es el comenzar a vivir bajo un régimen de derecho y a acatar las normas jurídicas.

“Ciudadanos por la Democracia” aparte de esta manifestación concreta sobre él único proceso válido para el retorno a la independencia de las Funciones del Estado, hará llegar, en su oportunidad, sus comentarios sobre un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial que ha preparado la Asamblea de Quito, sobre el cual también tenemos importantes comentarios.

                                                                 

                                                                                         Muy atentamente,

                                                                         Dr. Alejandro Ponce Martínez