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Quito, 6 de Julio de 2005

 


Señores doctores
Carlos Estarellas, Ketty Romoleroux,
Bolívar Torres y Rosendo López
Miembros de un Comité Calificador


Encargado de ejercer funciones que corresponden a
la Corte Suprema de Justicia
Quito


Señores:


“Ciudadanos por la Democracia” es un grupo que se formó para defender el Estado de Derecho, a raíz del golpe dictatorial iniciado el 25 de noviembre de 2004 y consumado el 8 de diciembre del mismo año, en cuya virtud el corrupto dictador Coronel Lucio Gutiérrez y sus aliados Abdalá Bucaram, Alvaro Noboa y Luis Muñoz Pasquel destruyeron el sistema republicano y sumieron al país en la más grave crisis de los últimos setenta años, sólo comparable a los eventos de  1941 y 1942. El 20 de abril de 2005 logramos, con la cesación del dictador, el primer triunfo  en esta lucha.

Ustedes, sustentados en una ley totalmente inconstitucional, fruto de la intervención consciente de personas que pretenden mantener la situación de inseguridad del Ecuador y que han atentado desde 1992  contra los más elementales principios de independencia de la Función Judicial,  han aceptado intentar consolidar un régimen contrario a  las normas surgidas de la consulta popular del 25 de mayo de 1997, de las reformas constitucionales promulgadas el 31 de julio del mismo año y de la designación realizada, de acuerdo con tales reformas constitucionales, el 1ºy 2 de octubre de 1997,  en cuya virtud, con los cinco cambios efectuados, desde entonces, de acuerdo con el Art. 202 de la Constitución, se iba consolidando un proceso constante de independencia, probidad y honestidad en la Corte Suprema de Justicia, bajo una jurisprudencia que iba rescatando  principios jurídicos que, en los últimos 30 años  anteriores a 1997 habían sido manipulados por cortes provenientes de pactos políticos o de decisiones de dictadores.

Este proceso, en el cual ustedes están inmersos, se lo realiza cuando el país, como consecuencia de la asonada dictatorial, carece de Tribunal Constitucional, no tiene Defensor del Pueblo legítimamente designado, se ha amañado un Tribunal Supremo Electoral en el cual  se halla presente una violadora de los derechos humanos, según lo ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encaramó también, bajo el patrocinio de Luis Muñoz, a la Corte de Facto y no hay un Contralor General del Estado  legítimamente nombrado que impida que recursos públicos se dilapiden al amparo de normas contrarias a la Constitución.

Están, pues,  participando de un proceso inconstitucional y, por ello,  todas las actuaciones   carecerán de legitimidad y legalidad. 

Aunque se supone que ustedes conocieron los trágicos hechos antijurídicos  contra los cuales nosotros iniciamos nuestra infatigable lucha, que sólo concluirá cuando logremos restablecer el imperio de la ley y del derecho, lucha  en la cual todos ustedes estuvieron ausentes, según nuestro entender, nos permitimos, previamente recordarles, lo siguiente


Antecedentes:

Como es de público conocimiento, el ex – dictador Lucio Gutiérrez, en contubernio con un sector del Congreso Nacional, guiado por Omar Quintana y el PRIAN, luego de  haber invadido ilegítimamente las funciones del Tribunal Constitucional y del tribunal Supremo Electoral, se apoderó, junto con  los beneficiarios del golpe,  también de la Función Judicial a través de la  resolución de 8 de Diciembre de 2004, mediante la cual se pretendió declarar cesantes de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.   La evidente nulidad de la citada resolución y las consecuencias del cínico rompimiento del Estado de Derecho, causaron, el 20 de abril de 2005,  su forzoso abandono del poder. 

Sin embargo, el Congreso Nacional, sordo al clamor ciudadano y a los principios que guían nuestra nación, arrogándose nuevamente funciones que no le correspondían, en lugar de simplemente  reconocer la nulidad total y absoluta de la precitada resolución de 8 de diciembre de 2004, se limitó a declarar cesantes a los miembros de la Corte de Facto pero desconoció el derecho de los magistrados de la Corte Suprema de retornar a sus funciones, violentando así el derecho ciudadano a tener una justicia imparcial, como lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos y el Art. 24, numeral 17 de la Constitución

Así,  el Congreso Nacional en sesión del 26 de abril de 2005, como si aún nos encontrásemos bajo un régimen de facto,  desconociendo nuevamente y de manera flagrante el orden constitucional, aprobó  reformas a la vigente Ley Orgánica de la Función Judicial,  las cuales de manera evidente se contraponen a los mandatos sobre  nuestra Carta Suprema, y probablemente obedecen a oscuros intereses partidistas  y no a la voluntad de la Constitución expresada en el Art. 202.. En efecto, la transitoria segunda de la  reforma dispone, sobre la base de un hecho totalmente falso:

“En vista de la ausencia definitiva de la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su designación será por esta ocasión, efectuada por un comité de calificación, ....”

Sin embargo, nuestra Constitución expresamente manda:

Art.  202.-  “Los  magistrados  de la Corte Suprema de Justicia no estarán  sujetos  a  período  fijo  en relación con la duración de sus cargos.  Cesarán  en sus funciones por las causales determinadas en la Constitución y la ley.

Producida  una  vacante, el pleno de la Corte Suprema de Justicia designará  al  nuevo  magistrado,  con  el  voto  favorable de las dos terceras  partes  de  sus  integrantes,  observando  los  criterios de profesionalidad y de carrera judicial, de conformidad con la ley”.

Si bien no se ha permitido, por la fuerza policial,  que los magistrados de la  Corte retornen a sus oficinas en el Palacio de Justicia, ellos,  por mandato constitucional, que es el mandato del pueblo,  son los únicos legitimados para actuar como Magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia así como sólo ellos pueden, bajo nuestro régimen de derecho, nombrar a nuevos miembros de la Corte.

Principios jurídicos vulnerados con su participación:

Su gestión en este Comité Especial  atentará contra las siguientes  normas jurídicas, aparte  de violar directamente el Art. 202 de la Constitución y de generar total estabilidad hacia el futuro:

1.  El Estado de Derecho y la Democracia:

Nuestra Constitución, inspirada en la historia milenaria del pueblo ecuatoriano, en el recuerdo de sus héroes y  en el trabajo de mujeres y hombres que, con su sacrificio, forjan día a día la patria,   establece  las  normas  fundamentales que amparan   los  derechos  y  libertades,  organizan  el  Estado  y  las instituciones  democráticas  e  impulsan  el  desarrollo  económico  y social (Preámbulo de la Constitución Política de la República del Ecuador).

El Art. 1 de nuestra Constitución dispone:

“El  Ecuador es un estado social de derecho...”

“La  soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad....”

La voluntad del pueblo, base de todo sistema democrático, se encuentra plasmada en nuestra Carta Política.  Por ende, su desconocimiento implica el rompimiento del régimen democrático.   Su participación en un Comité cuyo nacimiento es inconstitucional, es decir, opuesto al mandato popular, constituye  un acto contrario a la democracia, a la soberanía ciudadana, y al Estado de Derecho.  


2. Finalidad del Estado: el respecto a los derechos humanos

La historia universal y las luchas de las naciones civilizadas han permitido tanto a los más afamados autores políticos y jurídicos como al común de la ciudadanía llegar a la comprensión de que el último y fundamental objetivo del denominado contrato social que llevaría a la conformación de los Estados, es finalmente, el bien común. 

Nuestra  Constitución Política, reconoce en diversos artículos el fin cardinal de la organización estatal.  Es así como, por ejemplo, el Art. 119  dispone:

“Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos ... tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -organismo cuya competencia ha sido reconocida por nuestro país- define al bien común como:

“El progreso material y espiritual que permite a los individuos y grupos alcanzar la felicidad” (Opinión Consultiva OC 6/86).

El  tribunal americano así como innumerables instancias internacionales han reconocido reiteradamente el vínculo directo que existe entre el respecto a las garantías humanas fundamentales y la posibilidad fáctica de que un pueblo alcance una situación de bienestar. 

Considerándose al Ecuador, aún, como parte del conglomerado de naciones civilizadas, su Carta Política también ha reconocido como medio primordial para alcanzar y preservar el bien común, el respeto a los derechos humanos.  En efecto, nuestra Constitución dispone, en su Art. 3:

“Son deberes primordiales del Estado:...


2.  Asegurar  la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social...


6.   Garantizar   la   vigencia  del  sistema  democrático  y  la administración pública libre de corrupción”.


Igualmente, el Art. 16 establece:

“El  más  alto deber del Estado consiste en respetar y hacer  respetar  los derechos humanos que garantiza esta Constitución”.

Y el artículo subsiguiente  manda:

Art.  17.- “ El  Estado  garantizará  a  todos sus habitantes, sin discriminación  alguna,  el  libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos   humanos   establecidos   en  esta  Constitución  y  en  las declaraciones,  pactos,  convenios  y más instrumentos internacionales vigentes.   Adoptará,   mediante  planes  y  programas  permanentes  y periódicos,   medidas   para  el  efectivo  goce  de  estos  derechos”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –instrumento al cual, como nación civilizada que es, el Ecuador se obligó- establece el derecho a un debido proceso, el cual implica que nadie puede ser sometido a juzgamiento por tribunales de excepción o ilegalmente conformados.   Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada por jueces o tribunales  competentes, independientes e imparciales.  Reconocen también estos y otros instrumentos internacionales los derechos políticos y el derecho a la seguridad jurídica, los cuáles  implican el respeto al orden democrático y al Estado de Derecho.

A la par,  nuestra Constitución expresamente garantiza los derechos a la seguridad jurídica al debido proceso, y a un sistema judicial independiente e imparcial.  Es así como el Art. 24 de la Constitución Política del Ecuador dispone:

Art.  24.- “Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes  garantías  básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la  Constitución,  los  instrumentos  internacionales,  las leyes o la jurisprudencia:....

11.  Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto... “

Por su parte, el Art. 192 manda:

“El sistema procesal será un medio para la realización de  la  justicia.  Hará  efectivas  las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y  eficiencia  en  la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.

Y el Art. 199 establece:

“  Los   órganos   de   la   Función  Judicial  serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones.  Ninguna función  del  Estado  podrá  interferir  en  los  asuntos  propios  de aquellos.

Los  magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su  potestad  jurisdiccional  aun  frente  a  los  demás órganos de la Función Judicial; solo estarán sometidos a la Constitución y a la ley”.

Por otra parte, nuestra Carta Política, en su título XIII, relativo a la supremacía, control y reforma de la Constitución expresamente señala:

Art. 272.- La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal.  Las  disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos - leyes,  decretos,  estatutos,  ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros  actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus  disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo a nuestra Constitución el único organismo legitimado para nombrar nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de Justicia.  La cooptación, de hecho, se trata de  un sistema que fue elegido por mandato popular en la consulta realizada en 1997, con el fin de preservar la independencia judicial.   Junto a otras  diversas actuaciones inconstitucionales, con la resolución 26-049 el Congreso Nacional, y con la aprobación de la Ley reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Judicial, a través de la cual pretendió reformar la Constitución (como lo señala la disposición general décima segunda) rompió la Constitución y violentó el sistema fundamental de jerarquía legal que nuestra norma fundamental prevé.   Pero, con su personal participación,  señores abogados,   ustedes  también se está haciendo personalmente responsables por las violaciones al orden constitucional y la eventual conformación de una segunda Corte Suprema de Facto la cual, por su naturaleza, vendrá a constituirse en tribunal de excepción y mecanismo para la violación permanente de garantías humanas fundamentales.  El participar activamente en la conformación inconstitucional de una nueva Corte Suprema ilegítima, significa oponerse el fin último de todo Estado de Derecho y contribuir positivamente a la violación del derecho a la seguridad jurídica, del principio de legalidad, y del derecho al debido proceso; es, en definitiva atentar contra los derechos humanos.

3. Impunidad e inseguridad jurídica:

El Art. 24 de nuestra Constitución manda:

“Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes  garantías  básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la  Constitución,  los  instrumentos  internacionales,  las leyes o la jurisprudencia:....


11.- Ninguna persona podrá ser distraída de juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto;…

17.- Toda persona tendrá derecho  a a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que  en caso alguno quede en indefensión”.

Como hemos señalado, la “Corte Suprema” que el Congreso Ecuatoriano pretende conformar a través de este es sui géneris  Comité, que  se arroga funciones que sólo competen a la Corte Suprema de Justicia, se constituiría en un verdadero “Tribunal de Excepción”, figura rechazada universalmente por atentar contra garantías fundamentales de la persona humana y contra el Estado de Derecho.   No sería, además, .  un tribunal imparcial, pues respondería a los intereses de quienes idearon este absurdo inconstitucional procedimiento y de quienes lo ejecutaron.  Por ello, si llegase a conformarse y operar en la práctica esta segunda Corte Suprema de Facto, sus resoluciones, tales como la orden de prisión para personas que gocen de fuero de Corte Suprema, podrán ser fácilmente impugnadas y desvirtuadas.  De hecho, de manera congruente con nuestra Constitución, la Ley Orgánica de la Función Judicial dispone:

Art.  1.- “La justicia se administra por los Tribunales y Juzgados establecidos por la Constitución y las Leyes”.

En efecto, al nacer inconstitucionalmente la nueva “Corte Suprema de facto” que sería elegida por el Comité todas las actuaciones de ésta sufrirían igualmente de vicios de  inconstitucionalidad y de nulidad absoluta. 

Este generaría  total inseguridad

4.  Reforma inconstitucional  atentatoria de derechos humanos:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3, 4.1 y 26), el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.2.2 y 3), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Artículo II), la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 24), el Protocolo de San Salvador (Art. 3), entre otros instrumentos internacionales reconocen el derecho a la igualdad y la garantía de no discriminación.   Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a la igualdad “posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos”(OC 18, párr. 88) y que:  “La noción de igualdad ... es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio... No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos ...(OC 4, párr. 55;  OC 18, párr. 87. “Los Estados deben por tanto abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas a crear situaciones de discriminación de jure o de facto que sean discriminatorias”. (OC-18, párrs. 102-103, 106).

El Artículo 23, numeral 3, de nuestra Constitución reconoce también el derecho a la igualdad.  Nuestra jurisprudencia interna (tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional) también ha reconocido de manera reiterada el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Sin embargo, la denominada ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en su Art. 2 establece:

Art. ...Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a más de los requisitos señalados en la Ley y en la Constitución Política de la República, se requerirá:

1. No ser menor de cuarenta y cinco años ni mayor de setenta y cinco años de edad....

10. No haber sido abogado patrocinador o defensor de los sindicados o encausados en causas relacionadas con delitos establecidos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siempre que las mismas hubieren concluido con sentencia condenatoria de los procesados defendidos.

11. No ser apoderado ni defensor por sí mismo o como socio de estudios jurídicos, o propietario de empresas nacionales o extranjeras que mantengan litigios contra el Estado Ecuatoriano o sus instituciones, y que comprometan su patrimonio y recursos...”.

Con la primera de tales prohibiciones añadidas, cual es la de que quienes tengan más de setenta y cinco años de edad, se consagra el claro sentido del legislador de privar a los ecuatorianos de jueces imparciales, pues mientras una persona tiene más edad, su juicio se torna más sereno, más independiente de las circunstancias del momento y de los afectos y desafectos. Además con ello se vulnera el principio de que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia  han de tener el carácter de vitalicios, mientras conserven sus facultades.

El impedir a los abogados que hayan defendido a personas acusadas de narcotráfico o a personas naturales o jurídicas que mantengan litigios con el Estado, implica no sólo una limitación ilegítima del derecho al trabajo a los profesionales del derecho sino, además, implica la violación del derecho a la defensa a los sindicados y encausados en delitos de narcotráfico y de  quienes tuvieren conflictos con el Estado.  Cabe recordar que el derecho al trabajo y el derecho a la defensa, se encuentran reconocidos expresamente en nuestra Constitución (Arts. 35 y 23 numerales 17 y 20; y Arts. 24 numeral 10 y 23 numeral 27).  Además, el Ecuador se ha obligado a velar por el desarrollo progresivo de estos derechos humanos, al comprometerse a acatar diversos instrumentos  internacionales tales como la Convención Americana de Derechos Humanos (Arts.  26 y 8), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14), el Protocolo de San Salvador (Arts. 6 y 7), entre otros instrumentos vinculantes para el Estado Ecuatoriano.    Por lo tanto, el eventual sometimiento de posibles candidatos a la Corte Suprema de Justicia a las limitantes condiciones de establecidas en las inconstitucionales reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial implicará también una violación grave a garantías humanas fundamentales. 

5.  Sus deberes ciudadanos:

La agrupación Ciudadanos por la Democracia quiere recordar que quienes han aceptado inconstitucionalmente ejercer atribuciones que sólo corresponden a la Corte Suprema de Justicia, se deben a la patria y en tla virtud deben cumplir los deberes impuesto por el Art. 97 de la Constitución:

Art.  97.-  Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades,   sin   perjuicio   de   otros  previstos  en  esta Constitución y la ley:

1.  Acatar  y  cumplir  la  Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente...

3.  Respetar  los  derechos  humanos  y  luchar  porque no se los conculque.

4.  Promover  el  bien  común  y  anteponer el interés general al interés particular...

17.  Participar  en  la  vida  política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente...”

De conformidad con la propia Constitución, el Congreso carecía de competencia para decidir el mecanismo por el que se nombraría una nueva Corte Suprema.  Solamente los magistrados de la Corte elegida en el año 1997 cuentan con esta facultad.   Por otra parte, las disposiciones transitorias de la inconstitucional reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, establecen, para ser nombrado magistrado de la Corte Suprema, condiciones que violentan derechos humanos fundamentales.  Su deber ciudadano consiste, por tanto, en acatar y velar porque se acaten las disposiciones constitucionales y que se respeten los derecho humanos, por sobre cualquier tipo de interés ilegítimo, particular o partidista.  Como antes se ha detallado, la conformación de una nueva Corte Suprema de Facto, nacida de un ilegítimo acto congresal implica la violación de la Constitución y de derechos humanos fundamentales.   La participación activa en este ilícito proceso es, por lo tanto, opuesta al bien común. 


Conclusiones:

La agrupación “Ciudadanos por la Democracia”, cuyo fin es la reinstauración del Estado de Derecho en el Ecuador, impugnará, por ilegítimas y contrarias a los principios que deben guiar a las naciones democráticas, todas las actuaciones que provengan o hayan surgido del Comité  inclusive las candidaturas a magistrados de una segunda Corte de Facto.

Con  el fin de que esta impugnación se concrete en hechos concretos, facultados por el Art. 26 de la Constitución que nos permite fiscalizar los actos del poder público, y como, aunque ilegítimo, el Comité por ustedes formado, se ha arrogado facultades que corresponden a la Corte Suprema, que es un órgano del poder público, solicitamos que, durante el proceso de designación de esta nueva Corte Suprema de facto se permita que interroguemos oralmente, en audiencia pública, a todos y cada uno de los candidatos que  traten de ocupar el cargo de magistrados de la Corte Suprema.

Además, designamos como  observadores o veedores de este extraño proceso a las siguientes personas:

Le informamos que “Ciudadanos por la Democracia” ha creado una veeduría del Comité Calificador conformada por:

Ruby Rodríguez, José Ignacio Albuja Alfredo Barragán, Diego Navas, María Fernanda Ycaza , Galo Terán Varela,  Jaime Veintimilla, Blanca Gómez de la Torre, Cristina Ponce, Sebastián Donoso , reservándonos el derecho de designar otras personas, de ser necesario.

Personalmente y a nombre de la agrupación democrática indicada recibiré notificaciones en mi estudio profesional, 12 de octubre y Lincoln, 16. piso, Quito, o en la casilla judicial No. 572.

                                                                                        

                                                                                Dr. Alejandro Ponce Martínez
                                                                                Abogado.- Matrícula No. 960 CAP
                                                                                Ciudadanos por la Democracia