Inicio Contacto Quito, diciembre 17, 2017

SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE:

El “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva” en su Art. 178 establece que:

“los administrados… podrán  interponer  ante  los  ministros  de  Estado o las máximas  autoridades  de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:

a)  Que  hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho  que  aparezca  de  los  documentos  que  figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;

b)  Cuando  con  posterioridad  aparecieren  documentos de valor trascendental  ignorados  al  expedirse  el  acto  o resolución que se trate;

 c)  Cuando   en  la  resolución  hayan  influido  esencialmente documentos  o  testimonios  falsos  declarados  en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,

d)   Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno  o  varios  actos  cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.

El  recurso  de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años  a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a)  y  b),  y  de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria,  siempre  que  no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos…

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse  no  sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en  su  caso,  sobre  el  fondo  de  la  cuestión resuelta por el acto recurrido.”

En tal virtud, yo, FERNANDO PONCE VILLACÍS, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, por medio de mi apoderado, el Dr. Alejandro Ponce Martínez, en uso de las facultades que me concede la Constitución Política del Ecuador, especialmente en su artículo 23, numeral 15; en cumplimiento de mi deber ciudadano de respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente;  y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 178 del “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”, interpongo el presente RECURSO DE REVISIÓN contra la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”, emitida por el Ministerio del Ambiente el 19 de Agosto de 2004, en base a las causales b) y a) del precitado Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

 
FUNDAMENTOS FÁCTICOS

1.  A pesar de la abundante evidencia de que la actividad petrolera y la construcción de carreteras tendrían un efecto dramático en la zona, y sin perjuicio de la particular fragilidad biológica que caracteriza al Bloque 31 ubicado en la reserva universal de la biosfera denominada “Parque Nacional Yasuní”, con fecha 19 de Agosto de 2004 el Ministerio del Ambiente de manera arbitraria e inconsecuente concedió, a favor de la Empresa Petrobras Energía Ecuador, la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika”, instrumento ilícito cuya invalidez no ha sido aún declarada.  La citada Licencia concede autorización a la Empresa Petrobrás para la construcción de una vía de Acceso, Oleoducto y Líneas de Flujo.   La vía ya está en construcción y se ha internado más de tres kilómetros en territorio al sur del río Napo, situación que consuma la destrucción del territorio ancestral de los huaorani, y estimula el mercado de madera. 

2. El Parque Nacional Yasuní es parte del Refugio del Pleistoceno  y constituye uno de los sitios de mayor belleza y diversidad biológica en el mundo.  Conservar hoy el Parque Yasuní podría tener profunda importancia no sólo para las generaciones inmediatas sino para la conservación de vida silvestre a muy largo plazo, dentro del planeta. El gobierno del Ecuador estableció al Parque nacional Yasuní, como zona protegida, el 26 de Julio de 1979, fecha en que sus 982,000 hectáreas pasaron a formar parte del “Patrimonio Nacional de Áreas Naturales”. El Parque Nacional Yasuní  ocupa vastos territorios del Bosque Húmedo Tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana,  ubicada geográficamente en las provincias de Orellana y Pastaza, con un rango de altitudes que varía entre los 300 y 600 metros sobre el nivel del mar.   Los principales objetivos para su establecimiento como zona protegida, fueron: (a) la necesidad de mantener inalterada una muestra representativa del Bosque Húmedo Tropical, con rasgos típicos de los ecosistemas de la región; y (b) ser fuente alimenticia para las comunidades indígenas que lo habitan. También (c) se reconoció a la zona como parte del patrimonio nacional de áreas naturales con el fin de conservar el área como un laboratorio natural para las investigaciones de los ecosistemas tropicales, brindar oportunidades para el conocimiento de los recursos en estado natural y (d) propiciar el desarrollo de actividades recreativas, turísticas y educativas.
3. La biodiversidad de esta zona es sorprendente. El doctor Terry Erwin una autoridad mundial en insectos tropicales del Instituto Smithsonian indica que en el Yasuní hay más diversidad de insectos que en cualquier lugar del planeta. Según lo descrito en una publicación del año 2004 (ver archivo adjunto “Insectos”) se han encontrado 100,000 especies de insectos.  
4. Por otra parte, Ecuador comparte con el Perú la mayor diversidad de anfibios sobre el planeta. Sin embargo el pico de diversidad se da en la zona noroccidental de la Amazonía. El Parque Yasuní forma parte de esta región máxima diversidad de anfibios.  (Se entrega adjunto un archivo electrónico con una imagen descriptiva bajo el nombre “Slide6.jpg” . Copia del texto de este reporte se halla adjunta bajo el título “anfibios”).
5. La diversidad de pájaros y mamíferos también es extraordinaria:  Yasuní tiene al menos 567 especies de pájaros y además es el hábitat del 40% de las especies de mamíferos que habitan en toda la cuenca Amazónica .
6. De hecho, el parque protege varias especies que están bajo distintos grados de amenaza.   Según varias personalidades de la ciencia, el Parque Yasuní cumpliría una función importante en mantener poblaciones viables de al menos 253 especies de mamíferos (además de especies de anfibios y reptiles) .  Un caso notorio es el de la nutria gigante, una especie en peligro de extinción cuyo habitat constituye el río Tiputini.  Precisamente sobre el Río Tiputini, hace algunas semanas, personal contratado por Petrobras estuvo circulando con varias embarcaciones poniendo así en peligro la subsistencia de especies vulnerables .
7. Además, en el noroccidente amazónico se halla un pico de diversidad de especies de árboles.   Un estudio publicado en 1999 en la revista científica Acta Botanica Fennica  señala grandes porciones del Ecuador como zonas de máxima diversidad vegetal.  El Parque Yasuní constituye parte de este territorio de alta diversidad. Lamentablemente hay grandes porciones del país con altísima diversidad que no están dentro del sistema de áreas protegidas, (como se puede deducir del mapa) , lo que hace aún más urgente que al menos la flora dentro del Yasuní sea conservada como una de las últimas zonas sin alterar en el Ecuador.
8. Incluso el emisor de la licencia ambiental reconoce en forma explícita la riqueza biológica del Parque Yasuní.  En efecto, en la página de Internet oficial del Ministerio del Ambiente, entre los motivos que explicarían las razones la creación de esta área protegida, se incluye información respecto a la biodiversidad de la zona,.  La información descrita por el Ministerio del Ambiente es, de hecho, muy similar a la anteriormente expuesta.  Es posible leer lo siguiente en el precitado sitio web:  “los estudios científicos sobre la fauna del Parque, han determinado la existencia de 500 especies de aves.  En cuanto a mamíferos, existe un registro de 173 especies, aunque se estima que existen unas 200 que corresponderían al 57% de toda la fauna existente en el país. Por su alta diversidad, la herpetofauna –reptiles y anfibios-, es una de las más amplias en el mundo. Se han registrado 62 especies de serpientes y más de 100 de anfibios, 43 de las cuales corresponden exclusivamente a ranas arborícolas, muchas de colores tan intensos como tóxicos. La ictiofauna compuesta por peces de agua dulce, presenta también una altísima diversidad. Las especies más comunes y representativas son la guanta, mono aullador, patos aguja y serpiente, camaleón, guacamayos azul, amarillo y rojo; loro, paiche, boa, bagre, caimán blanco-lagarto, mono leoncillo, martín pescador real, mata mata, carpintero, garrapatero, perico ligero, guatusa, armadillo, anguila, tigrillo, tortuga terrestre, águila arpía, capibara, bufeo (delfín amazónico), chorongo (mono lanudo), venado, caimán negro, paujil, murciélago pescador, jaguar (tigre), corvina, nutria gigante, lobo de río, chichico, ardilla, piraña, saíno y manatí (vaca marina).  Las principales especies vegetales de importancia tradicional o comercial son el chontaduro, fruto alimenticio y madera para la construcción; el ungurahua, alimenticio; el palmito, alimenticio y apto en la construcción; pambil, ideal en los techos, viviendas; y la chambira, materia prima para la confección de shigras y hamacas.  El Bosque de Tierra Firme se caracteriza por su vegetación natural siempre verde, heterogénea, densa, con especies grandes y flora epifita. La irregular fisonomía y fisiografía, alberga varios hábitats que ocupan un 77 por ciento de la superficie total del Parque. Es fácil localizar musgos, helechos, orquídeas y bromelias en medio de hongos, lianas, trepadoras y líquenes. Los árboles tienen una altura promedio de 30 metros con troncos rectos y raíces zancudas que los mantienen firmes frente al viento. Las especies emergentes que sobresalen son el chuncho y el cedro que sobrepasan los 50 metros junto a motilones, canelos, copales y sandes. En el interior bajo del bosque hay bálsamo, caoba, caimito, guámbula, jigua, sapote, tagua y balsa.  Abundan también las palmas como la chambira, la chonta, el palmito, pambil y la ungurahua, empleadas por los indígenas como alimento, medicina y material de construcción. El área tiene también gran diversidad de hierbas, enredaderas y bejucos; en las hondonadas húmedas y canales de riachuelos están el platanillo, planta herbáceo de flores atractivas para los colibríes”. 
9. Ignorando negligente o maliciosamente el valor único de la zona, la Licencia Ambiental cuya validez impugnamos por este medio, incluso autorizó a Petrobras la construcción de una carretera que atravesaría los últimos territorios de selva virgen del Parque Nacional Yasuní.  Presumimos que el personal que irresponsablemente otorgó este permiso a Petrobrás, desconocía el hecho de que la eventual construcción de la Vía de Petrobras conduciría, irremediablemente, a un verdadero desastre ambiental.  Seguramente no se tomó en cuenta, al momento de expedir la Licencia Ambiental, que la construcción de carreteras en el Oriente ha tenido, ya en el pasado, efectos devastadores.
10. Fotografías de satélite   muestran como la Vía Auca, fue responsable, en menos de 30 años , de la alteración permanente de selva virgen existente en las zonas que atraviesa. Aunque el territorio entre el río Napo y el Curaray era habitado principalmente por aproximadamente 500 personas del pueblo huaorani a inicios de los años 60, hoy ellos constituyen una minoría en el espacio atravezado por la Vía Auca, zona que ahora se encuentra poblada por aproximadamente 20000 personas.
11. Además, la forma tradicional de vida de los huaorani, que incluía la caza, la recolección y algo de agricultura de subsistencia , fue reemplazada por la de los colonos que en gran proporción se dedicaron a la siembra del café . Si hoy se avanza por la vía Auca se notará que en gran parte la selva original ha desparecido y ha sido reemplazada por haciendas a las cuales se puede llegar mediante una vía de tierra donde difícilmente los carros logran viajar a más de 40 km/h. Esta alteración del habitat se observa en las imágenes de satélite, que muestran el efecto dramático que puede tener una vía para carros, incluso una de pésima calidad, como facilitadora de la colonización  y, por ende, de la destrucción ambiental.
12. Por otra parte, en 1994 se construyó dentro del Parque Nacional Yasuní una vía (para carros) destinada a facilitar la explotación petrolera en el bloque 16 (operado por Maxus).  Este camino se denominó “Vía Maxus” y actualmente atraviesa bloques operados por Occidental, Encana y Repsol-YPF .  Una diferencia importante de la Vía Maxus con respecto a la Vía Auca es que ésta funciona bajo estrictas restricciones a la circulación . A pesar de estas regulaciones, la zona que atraviesa la Vía Maxus ha generado un proceso de colonización de la zona. En la parte norte de la Vía Maxus, cerca del río Napo, crece aceleradamente la población quichua;  y hacia el sur la población huaorani crece incluso más rápidamente .
13. Según el investigador Eduardo Pichilingue inicialmente no había asentamientos en el espacio ocupado hoy por grupos de huaorani al borde de la Vía Maxus.  Sin embargo la Vía estimuló un proceso de migración interna que ahora ha conducido al poblamiento acelerado de la Vía Maxus. El proceso de colonización de la Vía Maxus se está dando en toda su extensión y aunque por ahora sólo huaoranis tienen autorización para vivir en el bloque 16, es posible que en el futuro se dé un ingreso importante de personas del pueblo quichua. Esto es una posibilidad real ya que se están dando matrimonios entre quichuas y huaorani que podrían afectar la ocupación de territorios por estos dos pueblos . La existencia de una población humana que crece con rapidez dentro de Parque Yasuní significa un aumento importante de presión sobre el ecosistema y una amenaza para la biodiversidad de la zona.
14. De hecho, incluso hoy en día,  la población junto a  la Vía Maxus constituye una amenaza para la biodiversidad del bloque 31.  Respotes científicos recientes  demuestran una disminución alarmante de mamíferos de distintos grupos en el área de influencia de la Vía Maxus.  Esto, a pesar de que no parecen haberse dado cambios muy notorios en la flora. Parte de este cambio puede deberse a intensificación de la cacería estimulada y facilitada por la Vía Maxus, así como por el uso de armas de fuego por el pueblo huaorani. En el mercado de Pompeya (población al norte de la Vía Maxus) ha sido posible detectar la venta de animales salvajes que muy probablemente provienen del área bajo la influencia de la Vía Maxus .  Todas estas observaciones permiten concluir que la Vía Maxus, a pesar de tener controles estrictos para el flujo de personas, es un estímulo para la colonización de selva virgen dentro del Parque Yasuní y tiene efectos muy negativos en la biodiversidad de las áreas que cruza.
15. Cabe señalar, por otra parte, que se ha construido otra carretera en la zona de amortiguamiento del Parque, sin autorización del gobierno nacional y contraviniendo su plan de manejo ambiental .  La existencia de esta carretera además de crear un pésimo presedente en cuanto a seguridad jurídica añade amenazas a la existencia de la flora y fauna en el refugio de  Pleistoceno Yasuní. Constituye junto con la Vía Auca y la Vía Maxus una vía que facilita la colonización, pesca, caza, agricultura y tala de bosque. Por lo tanto contribuye a la destrucción de la selva y disminución de la biodiversidad. Si ahora Petrobras ingresa al Parque Yasuní con una nueva vía, la Reserva de Biósfera Yasuní vería agravado el riesgo de destrucción por la presencia de un total de 4 vías. A esto hay que añadir la posibilidad de que al licitarse el bloque ITT (al oriente del bloque 31) también se hallen justificaciones para construir una quinta vía. Lo que transformaría al Parque más grande del Ecuador en un territorio completamente fragmentado.
16.  Respecto a los efectos ambientales de la construcción de carreteras en la Amazonía, y sobre el peligro de conceder la Licencia Ambiental por este medio impugnada, se pronunciaron diversidad de científicos de reconocimiento mundial. El 14 de febrero del 2005, varias personalidades (Jane Goodall, Edward O. Wilson, Paul Ehrlich, Peter Raven, Carl Ross, Stuart Pimm, Thomas Lovejoy y Gary Meffe) entre las cuales se hallan científicos que han hecho contribuciones notorias para la ciencia (Jane Goodall con sus investigaciones sobre chimpancés, fue inmortalizada en documentales de la National Geographic; Edward Wilson es experto en hormigas y desarrolló teorías revolucionarias sobre evolución; Paul Ehrlich describe en su libro “Naturalezas Humanas” los efectos catastróficos del mal manejo ambiental), enviaron una carta al Lucio Gutérrez señalando su alarma por “el daño ecológico irreversible”  que están causando las carreteras sobre la Reserva de la Biósfera Yasuní. Entre otras cosas señalaban que los estudios científicos revelan que las vías para autos son a menudo las amenazas más grandes para los bosques primario y que: “es muy probable que la carretera propuesta tendrá los mismos patrones destructivos que de la Via Maxus”  .
17. Igualmente la Asociación de Biología Tropical y Conservación (ATBC) emitió un comunicado señalando que “investigaciones previas han demostrado que la construcción de vías en el Parque Nacional Yasuní y en las regiones circundantes ha tenido impactos ambientales de gran envergadura en los ecosistemas boscosos, tales como el incremento severo de la deforestación local, la cacería ilegal y la tala indiscriminada del bosque” 
18. También, en un comunicado de Save America’s Forests se señala que el Dr. Anthony Di Fiore, quien ha trabajado con monos en el Yasuní por 11 años, afirma que “las nuevas carreteras les dan a cazadores el acceso fácil a las áreas previamente sin tocar. Las poblaciones de monos grandes tales como chorongos y maquisapas, son especialmente vulnerables a esta presión agregada” .
19.  Por otra parte, diferentes representantes del Instituto Smithsonian (Elizabeth Losos, Richard Condit, William Laurance, Louise Emmons, David Roubik y Francisco Dallmeir) se dirigieron al presidente de Petrobras señalando que la carretera que se pretender construir en el bloque 31 para la operación de Petrobras “proporcionará acceso a los granjeros, cazadores y leñadores, quienes extraerán árboles, tumbarán grandes extensiones de bosque, construirán viviendas, y cazarán animales tanto para consumo local como para comercialización”. Y que: “Este tipo de impacto ya ha sido documentado para el caso de la Vía Maxus, una vía que cruza la sección noreste de Yasuní, y en ningún caso se trata de actividades sostentibles a largo plazo”.  Los citados representantes del Instituto Smithsonia expresamente habrían señalado: “Más aún, al fragmentar los bosques atravesándolos con carreteras se disminuye su capacidad de secuestrar carbono y se modifican de los ciclos hidrológicos, teniendo por lo tanto repercusiones negativas sobre el clima global. Por estas razones, deseamos enfatizar la necesidad de proteger grandes extensiones continuas de bosque, para reducir la pérdida de especies y para evitar el deterioro de los ecosistemas”  .
20.  También un grupo de “Científicos preocupados por el Parque Nacional Yasuní” (60 personas) dirigieron una carta (el 25 de noviembre del 2004)  a Lucio Gutiérrez, al presidente Luiz Ignacio Lula da Silva y al presidente de Petrobras (José Eduardo de Barros Dutra) con copia a diferentes personalidades e instituciones  en la se realizaba una exposición de la riqueza biológica del Parque Yasuní y se señalaba la posibilidad de que esta zona sufra cambios mínimos debidos a cambios climáticos generados por el calentamiento global.  En tal correspondencia, además, expresamente se advertía que “las carreteras que están dentro del Parque Nacional Yasuní, y en los bosques circundantes causan impactos negativos incontrolables” ; y que el Parque “está entre uno de los 14 frentes de mayor deforestación en el mundo”.  Tal documento, evidentemente ignorado, tanto por los representantes del gobierno anterior como por los dirigentes de Petrobrás, manifiestamente advertía: “Las carreteras son unos de los catalizadores de deforestación.  Una investigación reciente sugiere que por cada nuevo kilómetro de carretera construída en la región, se pierde un promedio de 120 hectáreas de bosque que son utilizadas para agricultura… Si las tendencias actuales de deforestación continúan, la mitad del bosque que queda dentro de una distancia de 2 km de la carretera será deforestada en 50 años” . 
21.  A pesar de estos planteamientos, y de evidencia irrefutable, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en correspondencia dirigida al Dr. Alfredo Palacio (el 26 de julio del 2005) expresa su “certeza de que las actividades de PETROBRAS… se dan en condiciones de equilibrio socio-ambiental, pues la empresa observa serios compromisos con la preservación del medio ambiente respecto a las comunidades locales” . Nos preguntamos, Señora Ministra ¿Respondió el presidente de Brasil a los planteamientos que le hicieron con rigor científico los 60 expertos nacionales y extranjeros?  ¿Respondió Petrobras a los planteamientos que estos 60 expertos les hicieron? ¿Respondió alguna autoridad ecuatoriana a estos planteamientos? No se ha dado un análisis riguroso de la situación ni de los puntos planteados por estos científicos. No puede entonces el presidente de Brasil tener la certeza de que Petrobras maneja adecuadamente el tema ambiental.. Aún si esa fuera la intención  de Petrobras, es claro que la operación ha sido criticada duramente en base a anteriores experiencias con carreteras.  Más aún, Señora Ministra, hace algunos meses, una reunión entre la Ministra del Ambiente, el grupo Asesor Técnico del Parque (GAT) y funcionarios de Petrobras incluyó amenazas de juicios por parte de Petrobras. Esto porque se presentaron argumentos sólidos en contra de la construcción de esta carretera y porque la Ministra del Ambiente ha prohibido el ingreso de Petrobras al Parque Yasuní . Contradicen estos comportamientos las palabras del presidente brasileño: “Conozco que la empresa ha manifestado su disposición, junto con el Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, de encontrar soluciones técnicas que permitan compatibilizar sus actividades de exploración del bloque 31 con sustentabilidad ambiental”.  Al igual que las precedentes autoridades ambientales y la empresa Petrobras, no menciona, el Presidene brasilero, en su carta, el cómo se impedirá el impacto de la carretera.  Lula da Silva sólo pide soluciones para que Petrobras pueda continuar operando, para que las cosas funcionen “de conformidad con nuestras excelentes relaciones”. Un gobierno extranjero, parece, ejerce presión para que el Parque Nacional Yasuní sea atravesado por una carretera que representa una amenaza clara a la existencia de la flora y fauna del parque.  Los efectos ambientales, la Constitución del Ecuador y el ordenamiento legal ecuatoriano simplemente no son tomados en cuenta en tal correspondencia, tal y como fueron ignorados al otorgarse la Licencia Ambiental en cuestión.
22. No estamos en posición de afirmar, con certeza, que la concesión de la Licencia Ambiental en cuestión se haya debido a ingerencias internacionales inadecuadas o a oscuros intereses personales.  Pero sí es posible aseverar con seguridad que la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika”, constituye un acto de autoridad pública inmoral e ilegítimo, que amenaza con ocasionar perjuicios graves e irreparables, a la vez que violenta nuestra ordenamiento jurídico.  La evidencia es irrefutable:  el Parque Nacional Yasuní, como zona de reserva ecológica desaparecerá si se permite la operación de Petrobras en el Bloque 31.  La “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika jamás debió concederse y el Estado Ecuatoriano debe adoptar todas las medidas necesarias para declarar su nulidad, suspender sus efectos inmediatamente y evitar que irregularidades de tan grave naturaleza sean imitadas en lo venidero por autoridades gubernamentales.

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

23. Sin perjuicio del desconocimiento, voluntario o involuntario, de información fundamental para el efecto,  la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” fue concedida con evidente quebrantamiento de diversidad de normas legales, constitucionales y supranacionales.  El emisor de la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika” desconoció los mandatos de la:  “Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales” (Art. 3), la “Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre” (Art. 71), la “Ley de Gestión Ambiental” (Arts. 5, 6 y 39), y el “Decreto Ejecutivo 3516:  Texto Unificado Legislacion Secundaria, Medio Ambiente, Libro VI” (Arts. 20 y 49).   El desconocimiento de la ley en un acto de autoridad pública implica, necesariamente, un  atentado directo contra el derecho a la seguridad jurídica, garantía fundamental en toda nación democrática y por lo tanto implica simultáneamente la violación del Art.  23 numeral 26 de nuestra Constitución Política.

24. Por otra parte, los hechos descritos permiten afirmar de manera certera que el emisor al conceder la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”, desconoció mandatos fundamentales en relación a las garantías humanas básicas establecidas en nuestra Constitución.  En efecto, al formularse el acto impugnado y al omitirse su declaratoria de ilegitimidad se desconocen:  el derecho a que los actos públicos sean motivados (Art. 24, numeral 13), el derecho a vivir en un medioambiente ecológicamente equilibrado y derecho al saneamiento ambiental (Arts. 86, 91 y 23, numerales 6 y 20), el derecho a la vida (Art. 23, numeral 1), el derecho a la integridad personal (Art. 23, numeral 2), el derecho a la información (Art. 81), y el derecho a la consulta previa y a la participación democrática (Arts. 88 y 1).

25. Asimismo, la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” fue emitida en evidente error de derecho al desconocerse disposiciones expresas de:  la “Declaración de Río de Janeiro” (Principio I), el  “Convenio sobre Diversidad Biológica” (Art.3),  la “Convención sobre protección de la flora, la fauna y las bellezas naturales de los países de América” (Art. 4), la “Convención Americana de Derechos Humanos” (Arts. 4, 23, y 26), el “Protocolo de San Salvador” (Arts. 11 y 16), entre otros instrumentos igualmente vinculantes y directamente aplicables en el Ecuador, y cuyo desconocimiento implica, además, la violación de los artículos 3, 16, 17 y 18 de nuestra Constitución. 

Ilegalidad

26.  El Principio de Legalidad y la Seguridad Jurídica están consagrados como derechos fundamentales en nuestra Constitución y deben por tanto ser observados por toda autoridad o funcionario en sus actuaciones particulares y públicas.  Es así como el Art. 23 de nuestra Carta Fundamental dispone: 


“Art.  23.-  Sin  perjuicio  de  los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:…
26. La seguridad jurídica.”

La “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” irrespetar numerosas normas legales vigentes:  

27. La Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales expresamente dispone:
 
”Art. 3.- Las áreas de las zonas de reserva y parques nacionales, no podrán ser utilizadas para fines de explotación agrícola, ganadera, forestal  y  de  caza,  minera,  pesquera  o  de colonización; deberán mantenerse  en  estado  natural  para  el  cumplimiento  de  sus fines específicos  con  las limitaciones que se determinan en esta Ley, y se las  utilizarán  exclusivamente  para  fines turísticos o científicos. “

La “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” evidentemente tiene el fin de permitir, en el parque Yasuní, la explotación de petróleo. Estando prohibidas por nuestra legislación las actividades mineras en las zonas de reserva y parques nacionales, la concesión de la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”, al violentar el Art. 3 de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, resulta claramente ilegal, además de atentatoria de garantías constitucionales.

28.  La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre dispone:

“Art. 69.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente…

Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado…Este patrimonio es inalterable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún derecho real.”

Sin embargo, mediante la concesión de la Licencia Ambiental se permite que el patrimonio cultural del área natural del Yasuní sufra alteraciones graves y perjuicios irreversibles.

29.  La Ley de Gestión Ambiental establece:

“Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio  de  áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles,   tendrán   lugar   por   excepción  previo  un  estudio  de factibilidad  económico  y de evaluación de impactos ambientales.”

Así, el Art. 6 de la Ley de Gestión Ambiental (independientemente de su cuestionable aplicación pues podría en la práctica resultar opuesta a disposiciones supranacionales) señala tres condiciones básicas para permitir el aprovechamiento de recursos naturales no renovables en áreas que pertenecen al sistema nacional de áreas protegidas:  1) que se lo realice por excepción, 2) que exista un estudio de factibilidad económica, y 3) que se hayan evaluado adecuadamente los impactos ambientales.

1) El “Diccionario Jurídico Elemental” de Guillermo Cabanellas define a la excepción como una “exclusión de regla o generalidad”.  ¿No resulta acaso de claridad meridiana que la concesión de permisos petroleros en el  Parque Nacional Yasuní -donde hoy en día están operando 5 empresas- es cualquier cosa menos excepcional?  Sin embargo, en  una demostración extrema de cinismo, los funcionarios que representaban al gobierno precedente concedieron también a Petrobrás permiso para destruir nuestro patrimonio natural, violentando así lo dispuesto el principio de excepcionalidad que establece el Art. 6 de la Ley de Gestión ambiental. 

De hecho, la licencia ambiental fue concedida tras la realización de varios estudios de impacto ambiental.  No podemos evitar cuestionarnos el por qué hubo “necesidad” de llevar a cabo más de tres estudios de impacto ambiental.  La repetición en los ensayos, ¿no demuestra acaso una clara intencionalidad de llevar a cabo el proyecto a pesar de los evidentes efectos desfavorables que este produciría sobre la naturaleza?.  Seguramente la evidencia científica era abrumadora y fue “indispensable” obtener “segundas opiniones” que permitieran a la empresa beneficiaria cumplir, al menos en lo formal, con el requisito del estudio de impacto ambiental.  Si a esta situación se suma el hecho de que, en materia ambiental, prevalece el principio de prevención (mediante el cual en caso de duda debe evitarse la actividad peligrosa) resulta evidente que en el presente caso no se cumplió de modo alguno con el requisito de la excepcionalidad establecido por el artículo 6 de la Ley de Gestión Ambiental, sino que, al contrario se forzó la concesión de la Licencia en flagrante desconocimiento de situaciones fácticas y jurídicas adversas.

2) Por otra parte, aún en el caso de que hubiese sido pertinente la aplicación de la excepción señalada en el Art. 6, esta no obsta a los involucrados de su obligación de tomar las previsiones necesarias para que se conserve la biodiversidad de la zona.  Tampoco concede, de manera alguna, tal situación, facultades para violentar otros derechos fundamentales individuales o colectivos o para irrespetar la ley.  El requisito de los estudios de impacto ambiental que el precitado Art. 6 demanda, no puede considerarse agotado con el mero cumplimiento de un trámite Indudablemente, las normas no se establecen para que se de un cumplimiento “formal” de las mismas, sino para que sean acotadas de buena fe y cumplan con el objetivo para el cual fueron formuladas.  Por lo tanto, no resultaba suficiente la presentación de la documentación sino que era indispensable que los estudios realizados concluyan que era posible llevar a cabo los proyectos en cuestión sin causar un perjuicio irreparable; se debía garantizar que no se destruiría la biodiversidad.  Sin embargo, amplia evidencia científica permite concluir que el evitar la destrucción de la zona sería imposible en las condiciones en que se otorgó la licencia (en la cual, entre otras cosas, se permite la construcción de una carretera con los dañinos efectos que esta genera, conforme se ha descrito en otras secciones de este escrito).

3) Entonces parecería que el único requisito, de los tres que establece el Art. 6, que se podría pensar que se cumplió es el que relativo al estudio de factibilidad económica.  Sin embargo, nos preguntamos, Señora Ministra, si previo a la concesión de la Licencia se hizo un análisis serio respecto a efectos (económicos) del proyecto.  Habiéndose optado por la destrucción de la naturaleza, ¿se ha calculado cuál sería el costo de esta destrucción y si los ingresos que el país esperaría percibir con  el proyecto en cuestión justifican el precio a pagar?  ¿Presentó acaso la empresa a quien se concedió la Licencia cálculos que demostraran que la destrucción permanente de la naturaleza para una producción de petróleo durante 18 años es preferible para el país, en términos financieros, a la inversión en conservación, turismo, bioprospección, servicios ambientales o recreación en la misma zona?

No habiéndose cumplido con los requisitos que establece el Art. 6 de la Ley de Gestión Ambiental para la prospección petrolera en zonas de reserva natural, ni habiéndose carecía el Ministerio del Ambiente de competencia para conceder la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”y por lo tanto esta carece de legitimidad.

30. Además, conforme se dispuso expresamente mediante el Decreto Ejecutivo 3516 (publicado en el Registro Oficial Suplemento 2, de 31 de Marzo de 2003, es decir con anterioridad a la concesión de la Licencia en cuestión):

“Art. 20.- Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y  vegetación  protectores,  previa  autorización  del  Ministerio del Ambiente o la  dependencia  correspondiente  de  éste,  serán  las siguientes:

a)  La apertura de franjas cortafuegos;
b)  Control fitosanitario;
c)  Fomento de la flora y fauna silvestres;
d)  Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias;
e)  Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las  funciones  establecidas en el artículo 16, conforme al respectivo Plan de Manejo Integral.
f)  Científicas,  turísticas  y  recreacionales.”

Por lo tanto, no es admisible, de acuerdo a nuestra legislación interna, ni aún siquiera previa autorización o reglamentación por parte del Ministerio del Ambiente, la extracción petrolera en zonas que, como el Parque Nacional Yasuní, formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

Nos permitimos señalar, Señora Ministra, que el Parque Nacional Yasuní constituye, evidentemente un área protegida, no sólo porque como tal fue reconocido por el Estado Ecuatoriano el 26 de Julio de 1979 sino, incluso, porque se ajusta a la definición que nuestra Ley de Gestión Ambiental hace de lo que deben considerarse áreas naturales protegidas:  

“Areas  Naturales  Protegidas.-  Son  áreas de propiedad pública o privada,  de  relevancia  ecológica,  social,  histórica,  cultural  y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir  su  destrucción  y  procurar  el  estudio  y  conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.” 
 
31.  El Ecuador es signatario de la “Convención para la Protección de la Flora de los Países de América”, cuyo Art. 4 dispone:
 
“Art.   4.-  Los  Gobiernos  contratantes  acuerdan  mantener  las reservas  de  regiones  vírgenes  inviolables  en  tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección  gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo con los  propósitos para los cuales la reserva ha sido creada.”

La precitada norma, evidentemente, ha sido también desconocida con la emisión de la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”. 

32. Al haberse ignorado, con el acto en cuestión, normas legales, constitucionales y supranacionales, el Art. 23 numeral 26 de nuestra Constitución, referente al derecho fundamental a la seguridad jurídica, ha sido igualmente violentado.

Falta de motivación

33. El Art. 24 de la Constitución señala:

“Art.  24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes  garantías  básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la  Constitución,  los  instrumentos  internacionales,  las leyes o la jurisprudencia:…

3.  Las  resoluciones  de los poderes públicos que afecten a las personas,  deberán  ser  motivadas.  No  habrá tal motivación si en la resolución  no  se  enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya  fundado,  y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los  antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente.”

La Licencia Ambiental en cuestión, por su ilegalidad y por su carencia de fundamentos fácticos que justifiquen su emisión, atenta contra el derecho a que todos los actos públicos sean debidamente motivados reconocido por el precitado Art. 24 numeral 3. 

34. En efecto, en la Licencia no se citan la “Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales”, la “Ley de Gestión Ambiental”, el Decreto Ejecutivo 3516, ni se justifica su violación, pues evidentemente no existen disposiciones legales que podrían permitir la explotación petrolera en zonas de reserva y parques nacionales y la construcción de carreteras en tales zonas.  Tampoco consta en la Licencia ni en ningún otro documento el fundamento para infringir lo dispuesto por el la Declaración de Río de Janeiro (Principio I), el Convenio sobre Diversidad Biológica (Art.3), y demás instrumentos jurídicos violentados, situación con la cual se desconoce además, sin motivo justo, los artículos 3 (numeral 3), 16, 17 y 18 de nuestra Carta Fundamental.  

Siendo las normas mencionadas parte del ordenamiento legal destinado a promover la conservación de recursos naturales y el desarrollo sustentable, resulta notorio que el exministro Valdivieso sólo intentó salvar apariencias al indicar que en la aprobación de la licencia ambiental se consideró que el Art 86 de la Constitución obliga a garantizar “un desarrollo sustentable” y “la preservación de la naturaleza”. Esto Señora Ministra, porque no se explica cómo la explotación petrolera contribuirá al desarrollo sustentable de la zona o al desarrollo sustentable de la nación;  porque tampoco se explica cómo se logrará impedir la destrucción de fauna y flora que se será provocada por la construcción de una vía para carros; y porque además, Señora Ministra, se hacen acuerdos con algunas de las comunidades de la zona, pero solamente por un número limitado de años, y por lo tanto el dinero que obtendrán estas poblaciones no apoyará de modo alguno un crecimiento económico sustentable (frente a la permanente destrucción de su hábitat).  

35.  Tampoco se ha motivado la expedición del acto impugnado en fundamentos científicos.  Como se ha descrito anteriormente, la actividad petrolera y la construcción de la carretera de Petrobrás serían tremendamente adversas para el medio ambiente de la zona y generarían innumerables daños irreparables.  No existe evidencia alguna de que estos daños hayan sido tomados en cuenta o de que se hayan tomado previsión alguna para evitar estos insalvables contingentes.  La existencia de un estudio de impacto ambiental difícilmente podría justificar la concesión de la Licencia, pues más allá del cumplimiento de tal formalidad, la evidencia es abrumadora en cuanto a la adversidad de este tipo de actividades en los últimos recónditos de selva virgen de nuestro país (Ver Anexos electrónicos e impresos).

Nos preguntamos, Señora Ministra, luego de leer el Art. 86 de la Constitución  ¿Dónde en toda la licencia ambiental menciona el exministro Valdivieso cómo se preservará “la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país” (como se señala en el numeral 1 de la precitada norma constitucional) ante la amenaza que representa la construcción de una vía para carros dentro del Parque Nacional con mayor diversidad del país? ¿En qué parte de la Licencia se mencionan estudios sobre impactos de carreteras y se establecen medidas efectivas para evitar tales perjuicios? ¿Se pretende acaso, luego de  18 años de explotación petrolera dejarle al país sin su riqueza natural, sin sus recursos renovables? ¿Se ha cuantificado el costo de este daño irreparable con lo que Petrobras y el gobierno nacional lograrán que llegue a sus arcas? Hasta donde tenemos noticias, Señora Ministra, no existe este tipo de análisis. Creemos que el exministro actuó –en el mejor de los casos- de manera irresponsable y con profunda ignorancia sobre la riqueza natural que se ponía en peligro. Por lo tanto, la Licencia contra la cual se interpone el presente recurso, carece de la debida y necesaria motivación.

Disposiciones relativas al derecho a un medioambiente sano y derechos conexos

36.  El acto administrativo impugnado es contrario a nuestro ordenamiento Constitucional que establece la garantía humana a un medio ambiente saludable.  Tal violación jurídica, incide directamente en el efectivo ejercicio de otros derechos fundamentales como son el derecho a la salud, a la vida y al bienestar, y quebranta principios básicos del Derecho Ambiental como son el derecho a la consulta previa y el principio de prevención.

37. El Art. 23 de nuestra Carta Política reconoce:

“6.  El  derecho  a  vivir  en  un  ambiente  sano, ecológicamente equilibrado   y   libre  de  contaminación… 

20.  El  derecho  a  una  calidad  de  vida que asegure la salud [y el]  saneamiento  ambiental….”

Por su parte, el Art. 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” establece:

Art. 11.- Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2.  Los  Estados  Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento  del  medio ambiente.

38. Asimismo, el Art. 86 de nuestra Constitución manda:

“Art.  86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en  un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un  desarrollo  sustentable.  Velará  para  que  este  derecho  no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:

1.  La  preservación  del  medio ambiente, la conservación de los ecosistemas,  la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.

2.  La  prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de  los  espacios  naturales  degradados, el manejo sustentable de los recursos  naturales  y  los  requisitos  que  para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas.

3.  El  establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas,  que  garantice  la  conservación de la biodiversidad y el mantenimiento  de  los  servicios  ecológicos,  de conformidad con los convenios y tratados internacionales.”

De acuerdo al glosario de términos de la “Ley de Gestión Ambiental”, el desarrollo sustentable:

“Es el mejoramiento de la calidad de la vida  humana  dentro  de  la  capacidad  de  carga de los ecosistemas; implican  la  satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.”

39. Con el fin de no comprometer la satisfacción de las necesidades básicas (tales como la provisión de aire puro y líquido vital) de las futuras generaciones resulta indispensable preservar los bosques y zonas biodiversas con características tan particulares como las del Yasuní.  Sin perjuicio de las argumentaciones fácticas o científicas previamente expuestas en el presente escrito, el Estado Ecuatoriano es, de hecho, signatario del “Convenio sobre Diversidad Biológica” cuyo fin es la protección de áreas naturales de su deterioración permanente.  Con tal objetivo, prevé este Convenio –al igual que otros instrumentos internacionales- la creación de áreas protegidas, con el fin de mantenerlas inalteradas, limitando en extremo su utilización.  Es contrario al fin mismo del tratado y constituiría un acto de mala fe, por parte del Estado Ecuatoriano, que se pase por alto la gravedad de la concesión por parte del Ministerio del Ambiente de la Licencia Ambiental por este medio impugnada. El principio universal de buena fe en el cumplimiento de los tratados, implica que el Estado Ecuatoriano puede ser sujeto a responsabilidad internacional por la violación al fin mismo del “Convenio de Diversidad Biológica”, mediante la inaudita concesión de una licencia para actividades petroleras en el Área Protegida del Yasuní.  Es evidente que carecería de sentido alguno la creación de áreas naturales protegidas si luego de la misma, se permite abiertamente en tal zona no sólo la ejecución de actividades altamente peligrosas para el medio ambiente sino, inclusive, la construcción de una carretera de acceso, que implica no sólo la destrucción forestal del área misma de la vía, sino el facilitar la extracción inescrupulosa de madera de la zona, sin perjuicio de la eventual incursión por parte de nuevos pobladores.   La apertura de vía inevitablemente facilitará la extracción lícita a ilícita de madera así como la caza ilegal de fauna (situaciones que, de hecho, ya se han venido dando en la Vía Maxus y en la Vía Auca, y que son de público conocimiento). La tala indiscriminada y la caza ilegal evidentemente resultan gravemente adversos a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

40. Resulta indispensable tomar en cuenta que la preservación del medio ambiente implica, como nuestra propia Constitución señala, no sólo el respeto de las áreas naturales protegidas y la garantía de su conservación, sino la adopción de toda medida de prevención que sea necesaria para evitar la eventual destrucción de tales zonas y de cualquier ambiente rico en biodiversidad.  De hecho, señala nuestra Carta Política:

“Art.  91.-  El  Estado…Tomará  medidas  preventivas  en caso de dudas sobre el impacto o las  consecuencias  ambientales  negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño….”
El citado principio constitucional implica por tanto que, en caso de duda respecto al eventual daño que una actividad pudiera generar sobre el medio ambiente, el Estado debe abstenerse de impulsarla o permitirla.  Sin embargo, en evidente violación de principios jurídicos, éticos y científicos, y a pesar de la existencia de evidencia fáctica y científica adversa a la concesión de la Licencia Ambiental y a la construcción de una carretera en la zona en cuestión, y en contra del clamor ciudadano, el Ministerio del Ambiente concedió la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” en flagrante violación a las garantías establecidas en nuestra Constitución.
41. Por otra parte, el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano está relacionado con otras garantías humanas fundamentales.  La Ley de Gestión Ambiental, en su glosario de términos establece:
“Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la comunidad   para   gozar   de  un  medio  ambiente  sano  y  libre  de contaminación.

Involucra   valores   estéticos,   escénicos,   recreativos:   de integridad física y mental y en general de la calidad de vida.”  

Por lo tanto, al violentarse el derecho constitucional a un medio ambiente sano, se está atentando también contra disposiciones constitucionales relacionadas con el derecho a la integridad, a la salud y a la vida (Art. 23, numerales 1 y 2), y contra la “Convención Americana de Derechos Humanos” (Arts. 1 y 26), el  “Protocolo de San Salvador” (Art. 10), entre otros instrumentos internacionales vigentes.
42.  La “Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras” adoptada por la UNESCO el 12 de noviembre de 1997 dispone:
“Artículo 5 – Protección del medio ambiente
i. Para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la riqueza de los ecosistemas de la Tierra, las generaciones actuales deben luchar en pro del desarrollo sostenible y preservar las condiciones de la vida y, especialmente, la calidad e integridad del medio ambiente.
ii. Las generaciones actuales deben cuidar de que las generaciones futuras no se expongan a una contaminación que pueda poner en peligro su salud o su propia existencia.
iii. Las generaciones actuales han de preservar para las generaciones futuras los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo de la vida humana.
iv. Antes de emprender grandes proyectos, las generaciones actuales deben tener en cuenta sus posibles consecuencias para las generaciones futuras”.
La destrucción de reservas naturales como el Parque Nacional Yasuní, declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera y refugio del pleistoceno y, en particular, la incursión en selvas vírgenes de riqueza biológica inmesurable, implicará la disminución de la capacidad del planeta de procesar contaminación atmosférica, situación que incide directamente sobre el calentamiento global.  De la conservación de zonas como esta depende la capacidad del planeta de purificar el aire y de producir agua, y la posibilidad de las futuras generaciones de gozar de una vida medianamente cualitativa (sin perjuicio del enorme potencial científico y curativo que ofrece la biodiversidad).  Nos permitimos recordarle, Señora Ministra, que: “…las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras” (Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, UNESCO, 1997).  De incumplir el Estado Ecuatoriano, a través de sus instituciones, con su obligación de declarar la nulidad de la Licencia Ambiental concedida a Petrobrás, no sólo que se estaría permitiendo la perpetuación de una situación ilegal, sino que se estaría poniendo en peligro, además, la subsistencia misma de la especie humana.

43. El acto administrativo impugnado atenta contra disposiciones jurídicas relativas al derecho a un medio ambiente sano y derechos conexos.  Consecuentemente, la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” no sólo que es fuente de graves perjuicios para las generaciones actuales y futuras, sino que constituye un instrumento ilegal e inconstitucional, cuya ilegitimidad y nulidad debe declararse con la mayor premura posible.

Desconocimiento de disposiciones relativas a la progresividad de los derechos

44. El Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone:

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel    interno   como   mediante   la   cooperación   internacional, especialmente  económica  y  técnica,  para  lograr progresivamente la plena  efectividad  de  los  derechos  que  se  derivan  de las normas económicas,  sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en  la  Carta  de la Organización de los Estados Americanos, reformada por  el  Protocolo  de  Buenos  Aires,  en  la  medida de los recursos disponibles,   por   vía   legislativa   u  otros  medios  apropiados”.

Habiendo sido declarada la zona como Reserva de la Biósfera en 1989; habiendo suscrito el Ecuador diversidad de Convenios, Protocolos, Pactos y Declaraciones internacionales relativas a la protección del medio ambiente;  habiendo sido amonestado el Estado Ecuatoriano, en los últimos lustros, por organismos internacionales debido a violaciones relativas a este derecho y garantías conexas;  tomando en cuenta el conocimiento científico actual en relación a las consecuencias de la destrucción del medio ambiente;  habida cuenta de la conciencia global respecto a la importancia de preserva zonas naturales protegidas, no era admisible, bajo ningún concepto que en el año 2004, el Estado Ecuatoriano conceda la  “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”.  

45. El acto administrativo impugnado atenta directamente contra el deber del Estado del Ecuador establecido en el Art. 26 de la Convención Americana, norma congruente con lo establecido por nuestra Carta Fundamental en cuyo Art. 3 dispone:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: …

2.  Asegurar  la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social.

3.  Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente.

Lejos de cumplir el Ecuador, por medio de su Ministerio de Ambiente, con su obligación de velar por el desarrollo progresivo del derecho a un medio ambiente sano en el Ecuador, con la emisión y vigencia del instrumento administrativo impugnado el Estado Ecuatoriano incurrió en un retroceso inaceptable, opuesto a las finalidades primordiales de la nación.

Desconocimiento de disposiciones relativas al derecho a la participación y consulta previa

46. La Licencia Ambiental en cuestión nació viciada, al no haberse cumplido con el requisito de la consulta previa.  La empresa Petrobrás y el Estado no demostraron ni apertura ni buena fe en el momento de informar sobre el proyecto y sus riesgos, situación que ha impedido la participación eficaz de la ciudadanía en el proceso.  En consecuencia, las previsiones de la Licencia ambiental no representan los intereses de todos los pobladores de la zona ni de la ciudadanía en su conjunto.  El haber limitado e impedido a las comunidades del Yasuní y a la ciudadanía en general el participar oportuna y eficazmente en el proceso nos colocó a todas en una situación de indefensión, opuesta a los principios democráticos que rigen nuestra nación.   

47. El Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone:

“Todos los ciudadanos gozarán…sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos…”
Igualmente, el Art. 1 de nuestra Constitución señala que el Estado es participativo y que la autoridad del pueblo se ejerce por los “medios democráticos” establecidos en la Constitución.  Dispone la norma referida:

“El Ecuador es un estado social de derecho, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta constitución.”

48. Respecto al efectivo ejercicio del derecho a la participación política concretamente  en asuntos que puedan afectar el derecho a un medio ambiente sano, el Art. 88 de la Constitución Política del Ecuador, norma fundamental que no puede ser contrariada por ninguna disposición o acto de menor jerarquía, expresamente manda:

“Art.  88.-  Toda  decisión  estatal  que  pueda  afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para  lo  cual  ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.”

49.  La Ley de Gestión Ambiental establece:

“Art.  12.-  Son  obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema  Descentralizado  de  Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes:

     a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales….

     g)  Garantizar  el acceso de las personas naturales y jurídicas a la  información  previa a  la toma de decisiones de la administración pública,  relacionada  con  la  protección del medio ambiente.”

50.   De manera consecuente con los mandatos supranacionales, constitucionales y legales antes referidos, el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, en su Libro VI dispone:

“Art. 20.- La participación ciudadana en la  gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios  y  las  observaciones  de  la  ciudadanía, especialmente la población  directamente  afectada  de  una  obra o proyecto, sobre las variables  ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y  planes  de  manejo  ambiental…para que las actividades o proyectos que puedan causar   impactos  ambientales  se  desarrollen  de  manera  adecuada, minimizando  y/o  compensando  estos  impactos  a  fin  de mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.”

El citado instrumento legal establece, además, los principios que deben guiar al proceso de consulta ambiental.  Dispone en su Art. 20:

“La  participación  social en la gestión ambiental se rige por los principios  de  legitimidad  y  representatividad  y se define como un esfuerzo  tripartito  entre  i)  las  instituciones del Estado; ii) la ciudadanía; y, iii) el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.”

Y señala expresamente los mecanismos de participación ciudadana en proyectos que puedan generar daños ambientales:

“b)   Mecanismos   de   participación.-  Los  mecanismos  para  la realización  de  los  procesos de información pública y recolección de criterios y observaciones procurarán un alto nivel de posibilidades de participación …. Los mecanismos para la información pública pueden comprender:

b.1)   Reuniones  informativas…

b.2)   Talleres   participativos….

b.3)  Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y  Plan  de  Manejo  Ambiental,  así  como  documentación  didáctica y visualizada  serán  puestos a disposición del público en una localidad de fácil acceso, contando con personal familiarizado con el proyecto u obra a fin de poder dar las explicaciones del caso.

b.4) Presentación  o  Audiencia  Pública  (PP): Durante la PP se presentará de manera didáctica el proyecto, el Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental para luego receptar observaciones y criterios de la comunidad.

b.5) Página web: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental podrán  ser  publicados también en una página web, siempre y cuando su ubicación  (URL)  sea  difundida  suficientemente  para  garantizar el acceso de la ciudadanía.

b.6)  Otros,  tales como foros públicos, cabildo ampliado y mesas de diálogo…”

51. Ninguna de las suscritas, ni la ciudadanía ecuatoriana en genera,l tuvo oportunidad de participar en reuniones informativas, talleres, foros públicos, mesas de diálogo ni fue informada de audiencia pública alguna.  Ni siquiera fueron publicados los respectivos Planes y Estudios de Impacto Ambiental en el Internet.  Nosotras, ciudadanas ecuatorianas a quiénes correspondía consultar sobre cualquier proyecto que pudiera causar daños en el medio ambiente de nuestra nación, jamás fuimos informadas y mucho menos convocadas o consultadas sobre la conveniencia del proyecto en cuestión, ni directamente ni a través de representantes legitimados.  Entonces, de ningún modo pudieron nuestros criterios ser incorporados en los planes de exploración y extracción petrolera, en clara violación de lo dispuesto por el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente y por nuestra Carta Fundamental.   Es así como el Ministro Valdivieso, probablemente de manera maliciosa o, en el mejor de los casos, en clara ignorancia de los preceptos legales vigentes, cometió el grave “error” de conceder la Licencia Ambiental por este medio impugnada, en clara violación a mandatos legales y constitucionales.

Desconocimiento de disposiciones en relación al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados

52.  El Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 6, 7 y 17, prevé la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas y tribales cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de proyecto o actividad que pueda afectarles, en particular si ésta tendrá lugar dentro de sus territorios o en zonas aledañas.  

53. Al respecto, el Comité de la OIT en la “Reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Doc. GB.277/18/4, GB.282/14/2,  párr. 38) expresó que: 

“…el concepto de la consulta a las comunidades indígenas que pueden resultar afectadas con motivo de la exploración o explotación de los recursos naturales comporta el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común.”

54.  En el presente caso, los mal denominados “procesos de consulta” estuvieron plagados de errores e irregularidades y no comportaron el establecimiento de un diálogo auténtico entre las comunidades indígenas habitantes de la zona y la empresa petrolera.  No todas las comunidades indígenas que se verían afectas por el proyecto fueron convocadas.  Los indígenas que sí participaron en el “proceso” no representaban los intereses de las bases.   No se tomó en cuenta el contexto cultural de las comunidades que se debía consultar, situación que evidentemente hacía imposible un proceso de comunicación y entendimiento respetuoso.  No hubo, por tanto, un verdadero proceso de consulta con los indígenas ni existe evidencia alguna de que haya existido un deseo sincero de llegar a acuerdos mutuamente convenientes.  Además, los acuerdos alcanzados no son beneficiosos para la población afectada y no toman en cuenta los efectos a largo plazo que este tipo de actividades tendrá sobre las comunidades indígenas de la zona.

55. Los pueblos taromenane y tagaeri, cuya población podría estar entre 100 y 150 personas, sabemos que en este momento se han desplazado hacia la zona al sur del Bloque 16 y el Río Nashiño hasta el Curaray.  Sin embargo, circulan todavía por áreas de los Bloques 16 y 31, territorios que habrían sido ocupados ancestralmente por sus antepasados y que ahora se encuentran invadidos por petroleras.   El rasgo mayormente distintivo de la cultura de los taromenane y tagaeri es su rechazo a cualquier contacto con el “mundo occidental”.  En tal virtud, es imposible que se pudiera haber realizado cualquier tipo de consulta con estas poblaciones.  La omisión –estatal y privada- en el cumplimiento del requisito de la consulta es extremadamente grave en este caso por cuanto precisamente su aislamiento coloca a las comuninades taromenane y tagaeri en una situación de especial vulnerabilidad.  La incursión no autorizada de extraños en su territorio podría significar su exterminio cultural y físico.

56.  Por otra parte, los acuerdos que se habrían llevado a acabo con huaoranis no representaron los intereses de las comunidades.  El documento entregado en la DINAPA habla de la participación de la dirigencia de la ONHAE (Organización de Nacionalidades  Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana) y “delegados de sus bases” en el pretendido proceso de consulta.  Nos preguntamos, sin embargo, Señora Ministra, ¿es que acaso los huaorani no tienen una dirigencia que les represente directamente?

En realidad, existe evidencia de que dentro del pueblo huaorani existen divisiones, lo que nos haría pensar que era necesaria la participación directa de los distintos miembros de la población en el proceso o, cuando menos, de representantes de los distintos grupos que conforman el fragmentado pueblo huaorani, en especial si se toma en cuenta que se trata un grupo humano con un historial de guerras internas . 

De hecho, la inconformidad por parte de población huaorani con los acuerdos llevados a cabo con la petrolera, se pusieron en evidencia con la reciente llegada a Quito de un grupo de huaorani que rechazaban los acuerdos hechos entre Petrobras y la anterior dirigencia de la ONHAE.

57. Tampoco puede hablarse de un acuerdo mutuamente conveniente si los supuestos beneficios para las comunidades contactadas es por tiempo limitado. Dentro de un plan de desarrollo sustentable el capital generado por la petrolera debería servir para generar desarrollo para las presentes y futuras generaciones (desarrollo sostenible) de estas poblaciones.  Sin embargo, pareciera que el acuerdo con la ONHAE –dirigencia ofical de los huaorani- y supuestos “delegados de sus bases” conduce a una relación de dependencia  por un periodo de tiempo específico. Según la DINAPA se harán diferentes desembolsos “por una sola vez”, “mensuales” y  “anuales” para educación, salud, “fortalecimiento organizacional”, “proyecto productivo” y “apoyo equipo técnico”.  No se considera la posibilidad de establecer un fideicomiso o algún otro mecanismo que provea fondos para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones huaorani. 

58. Por otra parte,  llama la atención, que el dinero se asigna a las organizaciones que supuestamente representarían a estas comunidades ¿por qué no se previó un mecanismo para asegurar que los desembolsos lleguen directamente a los benecifiarios?.  Pero más allá de aquello, resulta preocupante que se acuerda la entrega de capital para otros procesos que incluyen mensualidades (¿sueldos?) destinadas a ser “aporte para gastos de gestión organizacional de la ONHAE”.  ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, si la Presidencia de la República, un alcalde, un gerente de una empresa o un dirigente barrial llegaran a “un acuerdo de apoyo mutuo” con una empresa petrolera que incluyera aportes mensuales a su presupuesto?  Nos parece, Señora Ministra, que mediante este mal llamado “proceso de consulta” la empresa petrolera podría haber logrado satisfacer a parte de los dirigentes huaorani y, así, evitar su oposición a la explotación. Esto implicaría, evidentemente, que no existió un verdadero proceso de consulta.  Pero además, este precedente podría conducir a que en el futuro, frente a una situación de discrepancias entre la petrolera y los indígenas, éstas se solucionen mediante análogos acuerdos monetarios.   También por este motivo ponemos en duda que estas negociaciones pudieran efectivamente representar los intereses de las bases.  En cualquier caso, es evidente que tales acuerdos de modo alguno beneficiarán a las generaciones futuras de estas poblaciones indígenas.

59. Además, el convenio parece ser sumamente inconveniente para un número importante de huaoranis, especialmente para los habitantes de Kawimeno (quienes son el único pueblo presente en el Bloque 31, que ha sido contactado).  Los habitantes de Kawimeno serán afectados directamente por el proceso de explotación. Sin embargo resulta notorio que muchos de los fondos  para educación se invertirán en Toñampare, un poblado al occidente del territorio huaorani (Kawimeno está hacia el oriente del territorio huaorani, fuera de la reserva étnica y dentro del Parque).

60. No se tomó en cuenta el contexto cultural de las comunidades indígenas ni se previeron mecanismos para que exista una comunicación directa y efectiva con los pueblos aborígenes afectados.  Tampoco se tomaron en cuenta las fragmentaciones internas de estas poblaciones, hasta el punto que algunos pueblos fueron completamente excluidos del proceso y colocados en una situación de irremediable e injusta indefensión.  Los acuerdos realizados no representaron los intereses de las bases.  Resulta cuestionable la entrega de “sueldos” a quiénes participaron en las negociaciones.  Incluso dentro de los pueblos “beneficiados” existen diferencias injustas y desproporcionadas.  En cualquier caso, los desembolsos monetarios no resultan beneficiosos para la comunidad indígena en su conjunto ni evitarán su descomposición cultural pues no se previeron, de modo alguno, mecanismos para evitar (o cuando menos minimizar) el daño irreparable que sobre estas culturas, su salud y su hábitat recaería con la ejecución del proyecto. Esta Información lleva inevitablemente a concluir que se ha violado el proceso de consulta previa establecido en el Art. 88 de nuestra Constitución y en el los artículos 6, 7 y 17 del Convenio 169 de la OIT.  Este error de hecho y de derecho no debió, en ningún caso, ser pasado por alto por la Administración Pública precedente y, en tal virtud, la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” carece de validez legal.

Desconocimiento de disposiciones relativas a los derechos de la niñez

61. Nuestra Constitución dispone:

“Art.  17.-  El  Estado  garantizará  a  todos sus habitantes, sin discriminación  alguna,  el  libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos   humanos   establecidos   en  esta  Constitución  y  en  las declaraciones,  pactos,  convenios  y más instrumentos internacionales vigentes.  

Y en su Art. 49, en particular, señala nuestra Carta Política:

Art.  49.-  Los  niños  y  adolescentes  gozarán  de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad…

62. Igualmente el Código de la Niñez y la Adolescencia dispone:

Art.   15.-   Titularidad  de  derechos.-  Los  niños,  niñas  y adolescentes  son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de  todos  aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad.

63. La niñez, al igual que toda la ciudadanía ecuatoriana, tiene derecho a que se respeten sus derechos: a la seguridad jurídica, a que los actos públicos sean motivados, a un medio ambiente sano, a la calidad de vida, a la salud, a la integridad así como al desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales, disposiciones constitucionales todas ellas violentadas mediante la emisión de la Licencia Ambiental a favor de Petrobrás.  En consecuencia, la  “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika” se emitió, además, en violación a los artículos: 6, 27 y 24 de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (relativos al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado y a la salud), y 27 y 32 del “Código de la Niñez y la Adolescencia” (relativos al derecho a la salud y al derecho a un medio ambiente sano).

64. Además, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 19 de la “Convención Americana de Derechos Humanos”, por el Art. 16 del “Protocolo San Salvador”, por el Art. 3, numeral 1 de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, por el “Código de la Niñez y la Adolescencia”, y por el Art. 48 de nuestra Constitución, es obligación del Estado promover  con  máxima  prioridad  el  desarrollo  integral  de la niñez  y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; y  en todos los  casos debe aplicarse el principio del interés superior de las niñas, y sus derechos deben prevalecer sobre los de los demás.  

De hecho, el “Código de la Niñez y la Adolescencia”, de manera consecuente con mandatos constitucionales y supranacionales expresamente dispone:

Art.  12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las  políticas  públicas …debe asignarse prioridad  absoluta a la niñez y adolescencia….

Se  dará  prioridad  especial  a  la  atención  de niños y niñas menores de seis años.

En  caso  de  conflicto,  los  derechos  de  los  niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.

65.  No podemos evitar preguntarnos, Señora Ministra, ¿en qué momento el Ministro Valdivieso y la precedente Administración  tomóaron en cuenta su obligación de promover con máxima prioridad el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, aplicaron el principio del interés superior del niño, o hicieron prevalecer los derechos de la niñez por sobre los derechos de los demás?  Al contrario,  con la expedición de la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika”, claramente se posibilita la generación de daños irreparables cuyas consecuencias recaerán, de manera particularmente grave, precisamente sobre la niñez y las futuras generaciones.  

66. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 17 de la Constitución y por el Código de la Niñez y la Adolescencia, las niñas tienen derecho a que el Estado adopte las medidas necesarias para que sus derechos cobren eficacia.  Esta obligación fuee igualmente desconocida por las autoridades del Ministerio en el 2004.  Confiamos en que usted, señora Ministra, sabrá enmendar los errores de la Administración anterior mediante el acogimiento del presente recurso.

67.  El Código de la Niñez dispone también:

“Art.  13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías… de niños,  niñas y adolescentes se harán de manera progresiva… Se prohíbe cualquier restricción al  ejercicio  de  estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código.”

Sin embargo, en el presente caso, de manera injustificada se limitaron diversidad de derechos que corresponden a la niñez ecuatoriana (mestiza e indígena) y se adoptaron medidas que tendrán como consecuencia graves deterioros a su derecho a un medio ambiente sano y derechos conexos.

68. Tanto el Art. 49 de la Constitución como el Art. 60 del “Código de la Niñez y la Adolescencia” establecen el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser consultadas en todos los asuntos que les afecten.  Resulta de claridad meridiana que los efectos de la construcción de la carretera por parte y demás actividades autorizadas a Petrobrás en el Bloque 31 producirán efectos irreparables sobre las generaciones futuras.  Sin embargo, la niñez ecuatoriana en ningún momento fue consultada ni tan siquiera informada sobre este particular.

69. Como habría señalado la organización de derechos humanos Amnistía Internacional: “los derechos de los niños son los cimientos que garantizarán los derechos humanos a las generaciones futuras” (Comunicado de Prensa de 19 de Noviembre de 1999);  en consecuencia, el atentar contra sus garantías fundamentales implica el poner en grave peligro el bienestar de las generaciones futuras y su supervivencia. 

70. Consecuentemente: por atentar contra garantías constitucionales que corresponden a la infancia, por poner en peligro, precisamente a través de estas violaciones, el bienestar de las generaciones futuras y, evidentemente, por infringir diversidad de preceptos legales, debe declararse a la mayor brevedad posible la nulidad de la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika”

CONSIDERACIONES FINALES

71. Muy respetuosamente le recordamos, Señora Ministra, que nuestra Constitución manda que el Estado, a través de sus instituciones, está llamado a garantizar a todos sus habitantes el libre y eficaz ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes (Constitución, Art. 17),  y que las normas contenidas en tales instrumentos no sólo que forman parte del ordenamiento jurídico, sino que prevalecen sobre leyes y cualquier otra norma de menor jerarquía, y son directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier autoridad. (Constitución, Arts. 163 y 18). 

72. La “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” atenta contra principios y disposiciones contempladas en la Declaración de Río de Janeiro (Principio I), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25), en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en la “Convención sobre protección de la flora, la fauna y las bellezas naturales de los países de América” (Art. 4), en la “Convención Americana de Derechos Humanos” (Arts. 4, 23,  y 26), en el “Protocolo de San Salvador” (Arts. 11 y 16), en la “Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras” (UNESCO, 1997), en la “Declaración de los Derechos del Niño” (Principios 1 y 2), y en la “Convención sobre los Derechos del Niño” (Arts. 2, 3, 6, 24, y 27).

73. Conjuntamente, la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika” fue emitida en clara contraposición a nuestra Constitución, base y fundamento de nuestro sistema jurídico, pues se violentaron y pusieron en peligro la vigencia de los artículos: 86, 91 y 23, numerales 6 y 20 (referentes al derecho a vivir en un medioambiente ecológicamente equilibrado y al saneamiento ambiental), 23, numeral 1 (derecho a la vida y al bienestar),  23, numeral 2 (derecho a la integridad personal), 81 (derecho a la información), 88 y 1 (en relación a la consulta previa y a la participación democrática), 48 y 49 (sobre los derechos de la niñez).

74. Además, la “Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika”, fue expedida en incuestionable infracción de lo dispuesto por: el Art. 3 de la “Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales”,  el Art. 71 de la “Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre”, los Arts. 5, 6 y 39 de la “Ley de Gestión Ambiental”; los Arts. 20 y 49 del “Libro VI del Texto Unificado Legislacion Secundaria”;  y los Arts. 27, 32, 60, 13 y 12 del “Código de la Niñez y la Adolescencia”. 

75. En conclusión, al expedirse del acto administrativo, cuya validez se impugna por ese medio, no sólo que no se tomaron en cuenta situaciones, documentos y evidencia científica de valor trascendental, sino que se cometieron indudables  “errores” de derecho,  que figuran expresamente en diversas disposiciones legales. 

PETITORIO

Habiéndose cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos por los artículos 178 y 180 del “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”;  y encontrándose el acto impugnado incurso en las situaciones descritas en los incisos a) y b) del precitado artículo 178,  solicitamos se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la “Licencia Ambiental Para La Fase Constructiva Del Proyecto Para El Desarrollo Y Producción Del Bloque 31 A Través De Los Campos Nenke Y Apaika”.  

Confiamos, Señora Ministra, en que frente a la irrefutable evidencia fáctica y jurídica, y en base a los principios y valores que la llevaron a ocupar tan alta dignidad, sabrá asumir con valentía el papel histórico que la patria demanda de usted, y enmendará los “errores” de la Administración precedente mediante el acogimiento presente recurso.

 
Anexos

Se adjuntan al presente escrito los siguientes documentos habilitantes y pruebas:

1. Poder mediante el cual el Fernando Ponce Villacís autoriza al Dr. Alejandro Ponce Martínez a representarlo judicial y extrajudicialmente.
2. Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los campos Nenke y Apaika
3. Tabla 1: Datos sobre crecimiento de la población en diferentes secciones de la Via Maxus
4. Anexo 1:  Carta al Presidente del Ecuador, al Ministro del Ambiente, al Presidente de Petrobrás y al Director de Occidental Petroleum, en la que diversos académicos  expresan su preocupación respecto a la situación del Yasuní (14/Febrero/2005)
5. Anexo 2:    Resolución de ATBC en relación a la construcción de carreteras en el Parque Nacional y Reseva de la Biosfera: Yasuní, Ecuador
6. Documento denominado Anfibios (archivo electrónico, en Microsoft Word)
7. Documento denominado ATBC-Cover-Ltr-MedRes (archivo electrónico, gráfico)
8. Documento denominado Científicos PY (archivo electrónico, en Adobe pdf)
9. Documentos denominados:  Consulta 1, Consulta 2 y Consulta 3 (en Adobe pdf)
10. Documento denominado:  Lula da Silva (archivo electrónico, en Adobe pdf)
11. Documento denominado:  monos finer
12. Documento denominado Población Orellana (en Microsoft Excel)
13. Documentos denominados Slides del: 1 al 10 (archivos electrónicos, gráficos)
14. Documento denominado Slide 12 y 15 (archivos electrónicos, gráficos)
15. Documento denominado Smithsonian a Petrobras  (Adobe pdf).

Notificaciones y firmas

Notificaciones las recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Quevedo y Ponce ubicadas en la calle 12 de Octubre y Lincoln, Edif. Torre 1492, Piso 16. Firmo conjuntamente con mis abogados, a quiénes autorizo para actuar en mi nombre en lo sucesivo.   Quito, 19 de Octubre de 2005
     

Fernando Ponce   .
CI 170162112-8


Alejandro Ponce Martínez  
Matrícula 960 CAP


Raúl Moscoso
Matrícula        CAP        


 
Tabla 1

Datos sobre crecimiento de la población en diferentes secciones de la Via Maxus. Las estimaciones representan porcentaje de crecimiento anual (estimado). En algunos casos, debido a discrepancias entre las fuentes se han dos hecho estimaciones. Una representate el valor más bajo estimado, otra el valor más alto estimado con la información disponible. 

*Fijarse que las fuentes usadas para estimar el crecimiento total de la población huaorani en la Vía Maxus son diferentes que aquellas usadas para grupos específicos en la Vía. Esto explica ciertas discrepancias. A pesar de las diferencias es claro que en general los grupos crecen aceleradamente. Si se hace un promedio de la velocidad de crecimiento de los poblados en la Vía Auca y se excluye a  Indillama de este cálculo se obtiene porcentajes de crecimiento anual entre 6.5% y 7.9%. Si se mantiene la tasa de crecimiento para el bloque 16 conducirá a 3000 personas en 45 años y 20000 en 75 años (sólo en el bloque 16). A lo largo de la Vía Maxus, con el crecimiento estimado, se podría llegar a 20000 habitantes –números similares a los de la Vía Auca- en 47 años.

A continuación se hace una lista de las fuentes utilizadas para preparar esta tabla. Los números de cada referencia corresponden a aquellos mencionados en la última columna (de la tabla 1) como “Fuentes”. 

2. Municipio de Puerto Francisco de Orellana. Departamento de Planificación y Desarrollo. 2005. Catastro para el periodo 2003-2004. Puerto Francisco de Orellana (Coca)
8. Villaverde, B., Ormaza, F., Marcial, J., Jorgenson, J.P. 2005. Parque Nacional Yasuní: Historia, Problemas y perspectivas. Imprefepp. Quito. Citan  como fuente a: Estudios socio-históricos para la legalización de las tierras de los centros Shuar, SERVITOPO, 2000
13. Mondragón, M.L., Smith, R. , Mengatoe, Kempere, Gehua, Omene, Gunti, Ahua Taiga, Nanto Huamoni, Huani, Moi Enomenga, Mi ehua, Weixa, Huaade, Wika, Davo, Ecke, Caiga, Huepe, Nihua, Caruhue, Damo Tocari. 1997. Bete Quiwiguimamo. Salvando el bosque para vivir sano. Algunas plantas y árboles utilizados por la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana. Abya-Yala. Quito
15. Maxus Ecuador Inc. 1993.Procedural Manual for the Waorani Territory.
19.  Cupueran V., A. 2004. Plan de uso y manejo territorial de las seis comunas kichwas. GSFEPP-Orellana. Orellana.
20. Ochoa, M., Ramírez, I., Vegay, J., Villarreal, E., Viera P. 2001. Diagnóstico Rural Participativo. Comuna quichua Pompeya. Fepp-Coca. Proyecto Conservación del Parque Naciona Yasuní y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Renovables en sus Areas de Amortiguamiento. Francisco de Orellana (Coca)
21. González, A. y Ortiz de Villavla, J.S. 1998. Rio Napo. Realidad Amazónica Ecuatoriana. 3ra Edición. Ediciones CICAME. Ecuador.  p. 93
22. Méndez Reascos. 1998. Diagnóstico sociopoblacional de comunidades en relación con el Parque Nacional Yasuní. Ministerio del Ambiente, Dirección de Areas Naturales y Vida Silvestre/INEFAN.
23. Ochoa, M., Ramírez, I., Vegay, J., Villarreal, E. 2001. Diagnóstico Rural Participativo. Centro quichua Añangu. Fepp-Coca. Proyecto Conservación del Parque Naciona Yasuní y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Renovables en sus Areas de Amortiguamiento. Francisco de Orellana (Coca)
24. Ecolex. 2003. Caracterización de conflictos en la Reserva de Biósfera Yasuní. Informe Final. Documento preparado para Wildlife Conservation Society-Ecuador a través del Proyecto de Paisajes Vivientes.
25. Silva, F. 2003. Estudio de impacto y plan de manejo ambiental para el desarrollo y producción del bloque 31 de Petrobras Energía Ecuador (PEE). Diciembre, 2003. Walsh Environmental Scientists and Engineers (Tomo I)
26. Rodríguez B, C. 2005. análisis de los sitemas de producción en el territorio de seis comunidades kichwas asentadas en la zona noroccidental del Parque Ncional Yasuní, Río Napo, Orellana-Ecuador (Primera Versión). Wildlife Conservations Society (WCS)-Programa-Ecuador. p 28
27. Rivas T. Alex, Lara P. Rommel. 2001.Conservación y Petróleo en la amazonía ecuatoriana. Un acercamiento al caso huaorani. EcoCiencia – Abya Yala. Quito. Citan a: ONHAE, Cruz Roja Suiza, Dirección de Salud del Napo, Dirección de Salud de Pastaza. 1997. Diagnóstico de Salud. Shell Mera. Sin edición.
28.  Cabodevilla, M. A. , Smtih, R. , Rivas, A. 2004. Tiempos de guerra. Waorani contra Taromenane.
29. Armijos Alejandro, J.C. 2002. Autoestima en la identidad cultural del pueblo huaorani de la comunida de Guiyero, ubicado en el sector Norte de la Amazonía Ecuatoriana. Disertación previa a la obtención del título de licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de segunda enseñanza docencia secundaria en la Especialización Filosofía. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito.
30. Entrix. 2003. Estudio de Impacto Ambiental Defintivo. Proyecto de autogeneración eléctrica y línea de transmisión en el bloque 16. Preparado para Repsol YPF. Proyecto 187106. Quito.
31. Thurber, M. y Silva, F. 2004. Estudio de impacto y manejo ambiental para la sísmica Pagaya 3 D. Walsh Envrionmental Scientes and Engineers, Miravalle 242 y Julio Zaldumbide, Quito. Número de Proyecto EC100-56. Quito.

La recopilación de datos para preparar la “Tabla 1” fue hecha por Fernando Ponce quién proporcionó esta información a quienes solicitan el amparo.


 
Anexo 1

http://www.saveamericasforests.org/Yasuni/Science/Leading%20Scientists%20Letter.html
To:

Ingeniero Lucio Gutiérrez, President of the Republic of Ecuador
Fabián Valdivieso, Minister of the Environment, Ecuador
Members of the Ecuadorian Congress
Jose Eduardo de Barros Dutra, President and CEO of Petrobras
Dr. Ray R. Irani, Chairman and CEO of Occidental Petroleum

February 14, 2005

We are gravely concerned about the irreversible ecological damage caused by new oil drilling roads in one of the world's most biologically important tropical rainforests, Yasuní National Park and Biosphere Reserve in the Ecuadorian Amazon.

Yasuní may well be the single most biodiverse forest on earth. It is home to a large stretch of the world's most diverse tree community, with almost as many different species of trees in just 2.5 acres of rainforest than all the tree species in the US and Canada combined. It contains more documented insect species than any other forest in the world, and is among the most diverse forests in the world for different species of birds, bats, amphibians, epiphytes, and lianas. Yasuní is critical habitat to 23 globally threatened mammal species, including the Giant otter, the Amazonian manatee, Pink river dolphin, Giant anteater, and Amazonian tapir. An astounding 10 primate species live in the Yasuní, including the threatened White-bellied spider monkey.

This extraordinary diversity is now being threatened by new oil roads. Scientific studies reveal that roads are often the greatest threats to primary rainforests. Ten years ago, the first oil road, the Maxus Road , was built into Yasuní. This road has become a magnet for colonization and has opened up the park to over-hunting and deforestation that threaten the Park's rare species. Scientists fear that woolly monkeys are being wiped out of the region due to the unprecedented hunting access provided by the road.

The Brazilian national oil company Petrobras is about to build a new road into the heart of Yasuní National Park . This road would be a completely new artery through primary rainforest into a virtually undisturbed part of the park. Moreover, this road would transect the territory of an indigenous Quichua community and will enter the ancestral territory of the Huaorani, the great hunter-gatherers of the rainforest. This road will likely repeat the destructive pattern of the Maxus Road and initiate a wave of colonization, over hunting, and deforestation, and the decline and perhaps elimination of the native cultures.

The American oil company Occidental (Oxy) has built a major access road through primary rainforest in the northern buffer zone of the Park. In its 2003 Health, Safety, and Environment report, Oxy states that in the primary rainforests of their Eden-Yuturi project, “access control to prevent the invasion of indigenous lands by outside settlers and biodiversity protection were identified as the most significant management goals.” The report then states…“the development of the oil field would not include construction of a road.” Oxy should understand that satellites take pictures of every meter of the planet every 16 days and that the new road it has been building over the past 5 years show up quite clearly.

The world is undergoing a catastrophic loss of natural biodiversity and native ecosystems caused directly and indirectly by humans. These changes, if unchecked, will lead to the extinction of 50% or more of the world's wild species by the end of this century. Over 80% of the world's forests have been degraded or destroyed, and every year sees millions of additional forest hectares lost to destructive human activity.

Every nation on earth has a prime responsibility, on behalf of its own citizens, including native peoples, the world community, and all life forms, to arrange for comprehensive protection of natural ecosystems and native biodiversity within its borders against human induced extinctions. Additionally, governments around the world, including Ecuador, are discovering the enormous economic benefits of protecting large natural forest areas, which contribute nature's services such as clean water, climate stability, sustainable forest products, national pride, and increasingly, large tourist income to their nation's economy.

We call on the Ecuadorian government to protect the country's extraordinary biodiversity by prohibiting the construction of new roads through primary rainforests in designated natural areas, starting with the Petrobras road in Yasuní National Park . We are deeply disturbed by the activities of Occidental and call on all international oil companies to immediately implement a roadless mandate for all future activities in primary rainforest.
 
Carl Ross, Director
Matthew Finer, Ph.D.
Save America's Forests
Washington, D.C.
Dr. Jane Goodall, DBE
Director of Science and Research
The Jane Goodall Institute
Silver Spring, MD 
Stuart Pimm, Ph.D.
Doris Duke Chair of Conservation Ecology
Nicholas School of the Environment and Earth Sciences
Duke University, Durham, North Carolina
Edward O. Wilson, Ph. D.
University Research Professor Emeritus and Honorary Curator in Entomolgy
Harvard University
Cambridge, MA
Dr. Thomas Lovejoy
President
The Heinz Center
Washington , D.C.
Dr. Peter Raven
Home Secretary,
National Academy of Sciences
Director, Missouri Botanical Gardens
Dr. Paul Ehrlich
Bing Professor of Population Studies
Department of Biological Sciences
Stanford University
Stanford , California
Dr. Gary Meffe
Wildlife Ecology and Conservation Editor of “Conservation Biology”
Professor, University of Florida Gainesville, Florida

 

Anexo 2

http://www.saveamericasforests.org/Yasuni/Science/ATBC%20Resolution.html

ATBC RESOLUTION:

RESOLUTION REGARDING ROAD CONSTRUCTION
WITHIN YASUNÍ NATIONAL PARK AND
BIOSPHERE RESERVE, ECUADOR

WHEREAS, Yasuní National Park is the largest national park in Ecuador and is internationally recognized for its environmental and cultural importance, being formally designated as a UNESCO Biosphere Reserve in response to an official request by the Government of Ecuador in 1989; and

WHEREAS, Yasuní National Park protects a large expanse of the Napo Moist Forests of the Western Amazon, a region of extraordinary biodiversity for plants, insects, freshwater fish, amphibians, reptiles, birds, and bats that has been declared by international scientists to be among the world’s most biologically important areas; and

WHEREAS, Yasuní Park protects some of the last viable populations in Ecuador of the Giant Otter (Pteronura brasiliensis) , Amazonian Manatee (Trichechus inunguis), and the critically endangered Wattled Curassow (Crax globulosa); provides the only large protected area for the rare Golden-mantled Tamarin (Saguinus tripartitus); and harbors many other species of rare and threatened wildlife; and

WHEREAS, Yasuní National Park is of global conservation significance because it is one of the few “strict protected areas” (i.e. National Parks of IUCN Level II) in the far Western Amazon, and is predicted to have minimal weather changes from global warming, thereby having great importance as a biological refuge in the future; and

WHEREAS, current plans by the Brazilian oil corporation, Petrobras, to construct a 54-kilometer road from the Napo River into one of the most intact portions of Yasuní National Park to facilitate oil extraction in Block 31 are likely to have severe impacts on the conservation and scientific values of the park, and its wilderness character; and

WHEREAS, past research has demonstrated that previous road construction within Yasuní National Park and the surrounding region has had large detrimental environmental impacts on forest ecosystems, such as sharply increased local deforestation, illegal commercial hunting, and predatory logging; and

WHEREAS, Petrobras, known for being an environmentally responsible corporation in Brazil, should recognize that its proposed road project in Yasuní National Park in Ecuador would have serious, negative environmental consequences; and

WHEREAS, roadless petroleum-extraction activities in Ecuador’s Block 10 Oil Reserve have clearly demonstrated the feasibility of such methods, which could be used by Petrobras in Yasuní National Park with greatly reduced environmental impacts relative to those caused by a major new road;

THEREFORE, BE IT RESOLVED that the Association for Tropical Biology and Conservation urges the Ecuadorian Government, in order to greatly minimize the environmental impacts of future petroleum-extraction activities, to revoke the license for the proposed Petrobras road into Block 31, to prohibit any future roadworks within Yasuní National Park and Biosphere Reserve, and to consult closely with appropriate scientific and cultural organizations that have expressed an interest in the conservation and development of the area, thereby helping to ensure the long-term viability of Yasuní National Park’s globally important tropical ecosystems and biodiversity.