Inicio Contacto Quito, octuber 18, 2017
A favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani


Quito, 1 de Mayo de 2006

Señor
Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
EE.UU


Señor Secretario:

 Fernando Ponce Villacís, Raúl Moscoso, Juan Guevara, Patricio Asimbaya,  ciudadanos Ecuatorianos en pleno ejercicio de nuestros derechos, nos dirijimos a usted respetuosamente con el objeto de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “La Comisión”) que admita a trámite la siguiente petición a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani del Ecuador; declare la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani consagrados en los artículos I, II, VI, XI, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en los artículos 4, 8, 19, 24, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  y ordene al gobierno del Ecuador la adopción de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani.

I.  Competencia de la Comisión para tramitar esta petición.

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente para recibir y tramitar esta petición puesto que:

a. Con fecha 21 de diciembre de 1950, el Ecuador ratificó la Carta de la Organización de Estados Americanos, por lo que dicho estado es parte de la Organización de Estados Americanos;
b. El Ecuador es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el 28 de diciembre de 1977;
c. Los peticionarios son ciudadanos ecuatorianos en goce de sus derechos;
d. La Comisión tiene autoridad, en virtud de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, del artículo 20 de su Estatuto, y de su Reglamento, para conocer de las presuntas violaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se relacionen con actos u omisiones posteriores a la incorporación del Estado a la Organización de los Estados Americanos.
e. El artículo 25 del Reglamento de la Comisión otorga a la Comisión la facultad de solicitar a los Estados la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.


II. Conexión de quienes presentan esta petición y solicitud de medidas cautelares con los beneficiarios de las mismas

2. El artículo 23 del Reglamento de la Comisión establece que cualquier persona, grupo de personas, u organización podrá presentar una petición en su propio nombre o en el de terceras personas.  Sin embargo, es evidente que debe haber una conexión entre quienes presenten una petición y los beneficiarios de la misma.

3. Esta petición y solicitud de medidas cautelares es presentada con el fin de proteger los derechos y el bienestar de los pueblos ocultos Taromenani y Tagaeri.  Evidentemente, la condición de aislamiento del mundo occidental en la que viven estos pueblos plantea una situación sui generis con respecto a la representación en esta y cualquier otra acción legal, pues, dada su condición de aislamiento, es imposible obtener cualquier expresión de voluntad que entregue representación de sus intereses. Consecuentemente, cualquier asunto relacionado con la protección de los pueblos ocultos es impulsado por personas que tienen interés en su protección y que actúan de buena fe.  Por tanto, en este caso, para establecer una conexión entre los beneficiarios de esta petición y solicitud de medias cautelares (los pueblos ocultos), por una parte, y quienes la presentan (los abajo firmantes), por otra, debe bastar un desmotrado interés en proteger el bienestar y los derechos de dichos pueblos por parte de quienes presentan este documento.  Quienes presentan esta petición y solicitud de medidas cautelares han venido trabajando para proteger a los pueblos ocultos por un extenso período de tiempo, en el cual han llevado a cabo acciones políticas y judiciales, y, adicionalmente, trabajo de investigación científica.  Como se verá de los hechos relatados en el texto de esta petición y solicitud de medidas cautelares, la presentación de la misma es imprescindible para proteger el bienestar de los pueblos ocultos en la Amazonía ecuatoriana. 

III. Pueblos Ocultos en el Ecuador: Contexto.

4. La región selvática oriental del Ecuador ha estado habitada desde tiempos inmemoriales por varios grupos indígenas.  Estos grupos, cuya subsistencia depende en su totalidad de la cacería y recolección en la Selva Amazónica, han enfrentado, desde la segunda mitad del siglo pasado, varios tipos de amenazas a su forma de vida tradicional.  La más intensa de dichas amenazas ha sido aquella presentada por el proceso de colonización de la selva amazónica ecuatoriana, el cual se intensificó después del descubrimiento de reservas hidrocarburíferas en esta zona.

5. Al paulatino y difuso proceso de colonización, se sumaron acciones más deliberadas por parte de grupos nacionales y extranjeros.  Durante las décadas de los setenta y ochenta, tales grupos actuaron en el Ecuador dentro del paradigma modernizante del desarrollo, el cual planteaba que la manera más apropiada de obtener el desarrollo en los países tercermundistas era implantando los valores, creencias, y prácticas de naciones desarrolladas . Tal modelo ha sido ampliamente refutado y condenado tanto por académicos cuanto por figuras políticas.  Sin embargo, las acciones de organizaciones modernizantes en el Ecuador fueron tan perniciosas como irreversibles fueron sus efectos.

6. Notorio dentro de esta clase de grupos fue el llamado “Instituto Lingüístico de Verano”, el cual se empeñó en “civilizar” a grupos indígenas del Oriente Ecuatoriano.  El grupo indígena que más sufrió los efectos del Instituto de Lenguas de Verano fue el denominado “Waorani”.  “A comienzos de los años setenta la casi totalidad del pueblo huaroani había sido contactada.  Un 80 por ciento de la población estaba controlada intensamente por el Instituto de Instituto Lingüístico de Verano en las cabeceras del Curaray. . .”  Como producto de este proceso, los miembros de la población waorani pasaron a ocupar la posición más baja en la estructura social y económica Ecuatoriana, pues, evidentemente, no estuvieron equipados para funcionar en una sociedad orientada por lógicas distintas a las suyas propias.
 
7. Otros segmentos de la población waorani resistieron el contacto con el exterior, internándose en la densa Selva Amazónica.  Estos son, precisamente, los grupos denominados pueblos no contactados.  Se han identificado dos de estos grupos, los Tagaeri y los Taromenani.

8. Toda la información existente sobre los pueblos no contactados o pueblos ocultos tiene una característica predominante: es anecdótica en su mayoría y está poco sistematizada.  Hay dos razones para esto.  La primera, naturalmente, tiene que ver con la condición de aislamiento de dichos pueblos.  La segunda, en parte producto de la condición de aislamiento de los pueblos, y en parte producto de la falta de interés sobre ellos, tiene que ver con la escasez de estudios científicos realizados sobre estos pueblos.  Algunos estudios sobre los pueblos waorani, citados por Miguel Angel Cabodevilla, contienen poca y equívoca información sobre los pueblos ocultos. 

9. Sin embargo, se sabe con absoluta certeza que existen al menos dos clanes no contactados: los Taromenani y los tagaeri.  El número de miembros de estos clanes se estima entre cien y dos cientos.  Sobre la ubicación geográfica de los estos pueblos, se sabe que están en la zona de los Ríos Nashiño, Shiripuno, Tiguino y Cononaco de la Selva Amazóncia Ecuatoriana, en la zona cercana a la frontera con el Perú. Aparentemente, los pueblos ocultos también circulan o circulaban por zonas hoy ocupadas por el Bloque 16 (bajo control de Repsol YPF).

10. En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, emitido en 1997, la Comisión Interamericana reconoció ya la existencia de los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenani.  En el Capítulo IX de dicho Informe (“Asuntos de Derechos Humanos de Especial Relevancia para los Habitantes Indígenas del País”), la Comisión llamó la atención del Estado del Ecuador con respecto a su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes, incluyendo aquellos que no han sido contactados (los Tagaeri y Taromenani).  Adicionalmente, la Comisión señaló la importancia de que el estado Ecuatoriano adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los Tagaeri y Taromenani, pues su extinción como pueblos está en juego.

IV. Relación de los hechos que motivan esta petición y solicitud de medidas cautelares urgentes:

1.  Asesinato de Miembros del Grupo Taromenani

11. El día miércoles 26 de abril, en el Parque Nacional Yasuní, en el sector del Cononaco Chico (río Chiripuno), a más de 92 kilómteros al sur de la población de Francisco de Orellana (Coca), fueron asesinados miembros del grupo no contactado Taromenani.  Aún se desconoce con exactitud el número de muertos, debido a lo remoto del lugar y a la dificultad en el acceso.  Sin embargo, primeras versiones de la matanza señalaron que los cuerpos dos mujeres Taromenani fueron encontrados baleados.  Otras versionas han indicado que el número de muertos puede llegar hasta treinta.  (Ver notas de prensa adjuntas al texto de esta petición).  En sobrevuelos realizados con helicóptero los días 28 y 29 de abril de 2006, no fueron divisados los cuerpos.  Sin embargo, no se descarta que los cuerpos hayan sido arrojados a los ríos o escondidos (lo cual es muy fácil dada la densidad de la selva). 

12. La actividad ilegal de explotación de madera de cedro es la causante, nuevamente, de este penoso hecho de violencia en el Parque Yasuní.  Todas las versiones de esta nueva matanza aseguran que madereros ilegales, actuando conjuntamente con indígenas huaroani occidentalizados (contactados), planearon y ejecutaron este nuevo ataque de exterminio en contra de los Taromenani. 

13. Este ataque habría ocurrido como venganza por la reciente agresión contra dos madereros ilegales el día miércoles 12 de abril de 2006, quienes fueron agredidos con lanzas mientras realizaban sus actividades ilegales en el Cononaco (uno de ellos murió en el hospital), y como venganza de la muerte de otro maderero ilegal el 11 de agosto de 2005.  Ambos ataques (con lanzas) contra los madereros ilegales fueron llevado a cabo por los Taromenani, como reacción a la constante invasión de su territorio que constituye la tala de madera. Estudios sobre los pueblos no contactados han documentado que estos pueblos atacan cuando su hábitat es amenazado por incursiones del exterior. Es decir, los madereros ilegales, quienes explotan el hábitat de los pueblos ocultos destruyendo la selva (asesinato indirecto), asesinan a miembros de los pueblos ocultos con armas de fuego (asesinato directo).

14. La conexión entre la explotación ilegal de madera y el exterminio de los pueblos ocultos está claramente establecida. El día 28 de abril de 2006, en el río Shiripuno, cerca de la comunidad huorani de Ñoneno, fue localizada una bodega ilegal con gran cantidad de madera cortada proveniente del territorio de los pueblos aislados o Zona Intangible. En este lugar se hallaron como responsables a colonos y algunos huaorani contactados. Este campamento tendría el apoyo de algunos huaorani de Ñoneno quienes realizan negocios espurios con la madera proveniente de los territorios de los aislados. No se descarta que el líder de Ñoneno Sr. Manuel Cahuiya o “Huane”, guarde relación tanto con los eventos violentos de hace pocas semanas en que murió un maderero como en esta última masacre.

15. Esta caótica situación, en la cual la subsistencia de los últimos pueblos ocultos o no contactados del Ecuador está siendo directamente amenazada, es producto de la absoluta inactividad del Estado Ecuatoriano para proteger a los pueblos ocultos.  Esta no es la primera matanza en la que mueren miembros de los Taromenani.  Hace tres años, en el 2003, 26 miembros de este pueblo oculto fueron asesinados con armas de fuego, como se relata en los numerales 21 y siguientes.  Han pasado tres años desde aquella matanza, y el Estado Ecuatoriano jamás castigó a los responsables, como se explica más abajo en los numerales 21 y siguientes.  Como se explica más abajo, los autores de esa matanza, dirigida a exterminar a los pueblos ocultos, fueron indígenas huaoranis contactados, quienes la perpetraron conjuntamente con los madereros ilegales.  Tanto la matanza de 2003, como esta que acaba de ocurrir, no son el resultado de enfrentamientos ínter grupales ocultos: son el resultado de verdaderos actos de genocidio orquestados por grupos madereros ilegales e indígenas huaoranis contactados, quienes recibirían dinero de los primeros.

16. Es un hecho públicamente reconocido que en el Parque Nacional Yasuní, específicamente en la zona donde habitan los pueblos ocultos, existe tráfico ilegal de madera.  Esta actividad ilegal no sólo desemboca en ataques directos y muertes con armas de fuego, como acaba de ocurrir.  La tala ilegal de madera también atenta contra la vida de los pueblos ocultos pues destruye su entorno.

17. La tala ilegal e indiscriminada del bosque tropical atenta contra el medio de vida de los Tagaeri y Taromenani, cuya subsistencia depende enteramente de la selva amazónica.  El Estado Ecuatoriano, a través de sus órganos competentes, no ha realizado ninguna acción efectiva para controlar el tráfico ilegal de madera.  En el 2005 un miembro de esta veeduría fue testigo de una gestión inútil ante la Brigada 19 Napo del Ejército Ecuatoriano para controlar el tráfico de madera. En la Brigada 19 se indicó, básicamente, que poco se puede hacer si el Ministerio del Ambiente da permisos para tala de madera. Es evidente que una combinación de desinterés y falta de coordinación impide que se tomen medidas efectivas.  Mientras tanto, el derecho a la vida de los pueblos ocultos sigue siendo violado de manera constante.

18. Por tanto, aunque al momento se desconoce con certeza el número exacto de muertos y las implicaciones de esta nueva matanza del miércoles 26 de Abril, es evidente que la situación es absolutamente caótica.  Como señala la nota de prensa del Diario El Comercio, en el Yasuní si libra una verdadera “guerra desigual: lanzas contra escopetas.”  El hecho es que el Estado Ecuatoriano no ha actuado para proteger los derechos de los pueblos ocultos, y todo indica que más hechos de violencia pueden estar en camino.  Numerosas peticiones presentadas en repetidas ocasiones por los abajo firmantes por escrito ante organismos competentes, sobre todo el Ministerio de Gobierno, y por varios otros ciudadanos, para que controle adecuadamente el tráfico de madera y actúe en coordinación con organizaciones de la sociedad civil para proteger a los Taromenani y Tagaeri, han sido constantemente ignoradas

19. La Corte señaló, al otorgar medidas provisionales en el caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, que “para garantizar efectivamente los derechos consagrados en la Convención Americana, el Estado Parte tiene la obligación, erga omnes, de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.  Esto significa “que tal obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares, inclusive grupos armados irregulares de cualquier naturaleza.  En este caso, la obligación del estado se impone en relación a los grupos de personas que explotan madera de forma ilegal en el territorio habitado por los Tagaeri y Taromenani, los cuales organizan sus propios escuadrones armados para asesinar a los Tagaeri y Taromenani.

20. Adicionalmente, como se señaló en el numeral 16 más arriba, la Corte ha señalado que la explotación de recursos naturales en los territorios de las respectivas comunidades pone en peligro la vida y la supervivencia de las familias que pertenecen a ellas.  Esto es aún más cierto en el presente caso, en el que se explota madera de forma ilegal y por cualquier medio necesario.

21. Ya en 1997, en el citado Informe emitido por la Comisión, ésta señaló, con base en informes detallados que le fueron presentados, que los grupos Taromenani y Tagaeri “han sido amenazados por empleados de las compañías o por bandas de hombres armados contratados para buscarlos y hacerles daño o para intimidarlos, o por aventureros.”  De ahí en adelante, tales amenazas no han desaparecido; al contrario se han incrementado pues, a) el tráfico ilegal de madera en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en las provincias de Pastaza y Orellana, ha aumentado dramáticamente gracias a la falta de control, y b) los traficantes ilegales han organizado sus propios grupos armados para asesinar a los Tagaeri y Taromenani.  Estas personas, que talan madera en el Parque Nacional Yasuní, que constantemente rompen la Ley, evidentemente no tienen ningún problema en eliminar cualquier obstáculo a su actividad ilegal.


2. La matanza de 2003

22. El 26 de mayo de 2003, 26 miembros de uno de los clanes ocultos, el Taromenani, fueron asesinados por 9 indígenas waorani.  Los indígenas waorani que perpetraron el asesinato se movilizaron hacia el sitio Cuchiyacu (en el límite entre las Provincias de Pastaza y Orellana, en el Oriente Ecuatoriano).  Después de ubicar un asentamiento Taromenani, atacaron sorpresivamente, asesinando a hombres, mujeres y niños.  Las chozas Taromenani fueron quemadas, los cuerpos cercenados.  Los asesinos cortaron la cabeza de una de las víctimas, para llevársela como un “trofeo.”  Según los waorani asesinos, la matanza tuvo como fin vengar la muerte de Carlos Ima, quien fue asesinado por los Taromenani hace diez años. 

23. Estos hechos recibieron alguna atención por parte de los medios de comunicación en el Ecuador.   La prensa y empleados públicos argumentaron que estos hechos fueron parte de una purga ínter grupal entre los waorani y los pueblos no contactados.  Desde esta perspectiva, los hechos de mayo de 2003, a pesar de ser hechos desafortunados o penosos, no fueron hechos criminales.  En otros términos, desde esta perspectiva, la matanza de 2003 era parte del ciclo natural de las relaciones ínter grupales de grupos que habitan en la misma zona y que están en igualdad de condiciones, por lo que no cabía hacer ni un juicio de valor sobre el significado de estos hechos, ni castigar a los atacantes conforme a las leyes Ecuatorianas.  Desde esta perspectiva, la matanza no podía ser interpretada desde la óptica occidental, sino que debía ser vista dentro del contexto de hechos anteriores y de las relaciones ínter grupales. 

24. Lo que esta equivocada interpretación ignora es que estos hechos no fueron producto de relaciones ínter grupales de grupos que estuvieron en igualdad de condiciones.  Al contrario, la matanza fue organizada por un grupo waorani que se ha asimilado casi completamente a la sociedad occidental y que lucra de la explotación ilegal de madera en la zona ocupada por tageri y Taromenani. También hay sospechas de que grupos que explotan madera ilegal en esta zona de la selva Ecuatoriana pagó para la ejecución de esta matanza.  En este contexto, este grupo actuó motivado no por la lógica de relaciones ínter grupales, sino por un expreso ánimo de exterminar a los pueblos ocultos.  Un jefe waorani conocido como Babe, quien tiene mucho poder y medios económicos, habría mentalizado, organizado y ordenado la matanza a los Taromenani, recibiendo financiamiento de grupos que explotan madera de forma ilegal en la zona, y actuando en contra de la mayoría waorani, que no estuvo de acuerdo con estas acciones.  Es importante recordar la verdadera condición actual del grupo que ejecutó la matanza de los Taromenani: el grupo waorani que asesinó a los 26 Taromenani está en contacto con la civilización occidental, lo que lo sitúa  en una posición radicalmente distinta a la de los pueblos ocultos.  En primer lugar, los waorani occidentalizados utilizan armas de fuego.  En segundo lugar, estos waorani están en contacto con intereses externos, sobre todo, los de la explotación ilegal de madera. 

25. Luego de la matanza de 2003, la fiscalía de la Provincia de Pastaza inició un proceso para juzgar a los atacantes.  Este proceso jamás progresó.  Es decir, el Estado Ecuatoriano, a través de su sistema  judicial, jamás sancionó a los autores de esta matanza, como era su obligación, conforme al Código Penal vigente en el Ecuador.  Existen declaraciones del mismo Fiscal de la Provincia de Pastaza, autoridad competente para perseguir esos delitos de acción pública, en el sentido de que “no se pudo hacer nada” para juzgar a los asesinos. 

3. El ingreso de las petroleras a territorio Tagaeri y Taromenani sin participación ni consulta. La falta de Acceso a la información.

26. Con fecha 19 de agosto del 2004, el Estado Ecuatoriano otorgó una licencia para la explotación de petróleo a la empresa brasileña Petrobrás, en una zona ubicada en las provincias de Orellana y Pastaza. Esta zona es generalmente llamada Bloque 31.  Para otorgar esta licencia, la legislación Ecuatoriana prevé que se debe realizar un estudio de impacto ambiental.  En el otorgamiento de esta licencia a favor de Petrobrás, el estudio de impacto ambiental no involucró un proceso de consulta a los pueblos indígenas ni a miembros de la sociedad civil. Es decir, durante este proceso, el Estado Ecuatoriano no cumplió con su obligación de proteger los derechos de todos sus ciudadanos.

27. Esta actuación del Estado Ecuatoriano constituyó una clara violación de los mecanismos de consulta establecidos en los Principios de Río, los cuáles en el Ecuador son ley.  Gracias a la ilegal actuación del Estado Ecuatoriano, el bloque 31, a pesar de ser parte del territorio que habitan los pueblos ocultos, y del cual depende directamente su subsistencia, va a ser ocupado por la empresa Petrobrás.

28. La Comisión y la Corte han reconocido la necesidad imperiosa de proteger la “especial relación” de los pueblos indígenas con su territorio ancestral.  En el caso Sarayaku, la Corte estableció que dicha protección implica, en especial, proteger “el uso y disfrute de la propiedad colectiva y de los recursos naturales existentes en ella.”  Es, por tanto, obligación del Estado adoptar medidas tendientes a evitar daños inmediatos e irreparables resultantes de las actividades de terceros que ingresen en el territorio del pueblo o que exploten los recursos naturales existentes en él. 

29. Adicionalmente, en el Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, la Corte, al otorgar medidas provisionales, señaló que la explotación de recursos naturales en los territorios de las respectivas comunidades, pone en peligro la vida y la supervivencia de las familias que pertenecen a ellas.  La corte se refirió, en ese caso, a la explotación de palma africana como una actividad que ponía en riesgo la vida de los miembros de dichas comunidades.  En el caso que es objeto de esta petición, los argumentos de la Corte son igualmente aplicables, puesto que la explotación petrolera agresiva pone en riesgo la subsistencia de los Tagaeri y Taromenani.  Es decir, la especial relación de los grupos indígenas con su territorio es aún más intensa y determinante en el caso de los pueblos ocultos Tagaeri y Taromenani.  La subsistencia de estos pueblos sin contacto con la cultura occidental depende enteramente de la adecuada preservación de los territorios ocupados por ellos desde tiempos inmemoriales.
Los pueblos ocultos dependen de los moretales para su subsistencia. Estos son ecosistemas que se hallan dentro de áreas donde se explota y se planea explotar petróleo (bloque ITT y bloque 31) y por lo tanto se hallan en peligro debido a la actividad petrolera.

30. El Estado Ecuatoriano ha dado ciertos pasos hacia la protección de los territorios de los Tagaeri y Taromenani.  Sin embargo, estos pasos, aunque necesarios, han sido insuficientes.  Mediate Decreto Ejecutivo No. 552, publicado en el Suplemento al Registro Oficial 121 de 2 de febrero de 1999, se creó la llamada Zona Intangible. La zona intangible alcanza aproximadamente 700.000 hectáreas que se ubican a las parroquias de Cononaco y Nueva Rocafuerte, cantón Aguarico, provincia de Orellana y en la parroquia Cuararay, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Adicionalmente, en la zona intangible se encuentra parte de la Reserva de Biosfera Yasuní.  La creación de esta zona tiene como fin proteger los territorios ocupados por los pueblos ocultos.

31. A pesar de que la creación de la Zona Intangible fue un paso importante y positivo para proteger el territorio en el que habitan los Tagaeri y Taromenani, motivado, posiblemente, por el informe de la comisión de 1997, hasta la fecha éste mecanismo no ha tenido efectos reales, pues no se ha delimitado dicha zona.  Los decretos ejecutivos citados establecieron un plazo de seis meses para la delimitación de la Zona Intangible.  Ese plazo expiró sin que se haya delimitado la Zona Intangible. El ministerio del Ambiente constituyó una “Comisión para la Delimitación de la Zona Intangible,” mas dicha comisión, hasta la fecha, no ha cumplido con su fin.

32. Es necesario ahora que se fije un nuevo plazo y que se obligue al Estado Ecuatoriano a que delimite la Zona Intangible dentro del mismo.  Al no haber delimitado la Zona Intangible, el Estado se encuentra en violación continua de los derechos de los pueblos ocultos, pues sus territorios, de los cuales depende su vida, están siendo constantemente amenazados por la colonización, el tráfico ilegal de madera, y los proyectos para la extracción de petróleo.

33. El Estado Ecuatoriano ha negado repetidamente a los ciudadanos el acceso a información con respecto a este asunto en violación directa de la ley orgánica de acceso a la información que en su artículo 7 señala claramente las obligaciones del Estado Ecuatoriano sobre comunicación al público. En el Ecuador, conforme a la ley, toda información del Estado es pública. Sin embargo, esto no se cumple y, en la práctica, resulta imposible a la ciudadanía participar bien informada en las decisiones del estado.  Una revisión rápida de la página de Internet del Ministerio del Ambiente muestra que el público no está siendo informado apropiadamente sobre el proceso. Igualmente, al menos hasta febrero del 2006,  año la DINAPA (Ministerio de Energía) no ha publicado en Internet todos los estudios de impacto ambiental y otra información relacionada con la actividad petrolera.

34. Adicionalmente, el actual proceso de explotación en el Bloque 31 está rodeado de graves escándalos de corrupción, los cuales condujeron a una denuncia e informe emitidos por la Comisión Cívica para el Control de la Corrupción (CCCC). La Contraloría del Estado, por otra parte, se halla preparando un informe sobre el mismo tema.

35. Como lo informó un comandante de la Brigada 19 Napo del Ejército Ecuatoriano en una publicación del año 2005, distribuida a nivel nacional, el ejército ecuatoriano ha tenido como prioridad proteger las instalaciones petroleras, no el bienestar de los pueblos indígenas. Hoy es conocido que el ejército fue mucho más allá hasta el punto de convertirse  en guardián y proveedor de servicios de contrainteligencia para la industria petrolera privada (por ejemplo para la compañía Occidental que ocupa la parte Norte del Parque Yasuní).

36. El señor Patricio Asimbaya, quien ha estado investigando sobre el proyecto de Petrobrás en el Bloque 31 sufrió acoso de elementos del gobierno.  El señor Asimbaya presentó una denuncia de amedrentamiento e  intento de secuestro en la Policía Judicial de Pichincha, y ante la Asociación Latinoamercana de Derechos Humanos. Adicionalmente, una misión internacional que visitó la zona de la vía Maxus en Agosto de 2004 fue expulsada de la zona por elementos del ejército a pesar de haber sido invitada por una comunidad huaorani.

37. Persisten además dudas sobre el destino del  llamado bloque ITT, ubicado entre  el límite oriental del bloque 31 y los límites con el Perú (provincias de Orellana y Pastaza). Los altos precios del petróleo son muy probablemente un incentivo muy grande para que esta zona se explote lo  más pronto posible. A esto se debe sumar un proceso descontrolado de incremento de gasto estatal. Procesos ante los cuales dudamos que el estado tome en cuenta el derecho a sobrevivir de estos pueblos. Esto ha sido expresado de manera muy explícita por personal de Petroecuador y tememos, basados en experiencias previas, que el gobierno esté ocultando información sobre planes específicos en la zona.

V.  Derechos Violados.

38. Los derechos humanos que han sido violentados por el Estado Ecuatoriano mediante las acciones y omisiones descritas en los numerales precedentes incluyen los siguientes, sin perjuicio de otros derechos que a juicio de la Comisión pueden haber sido violados:

a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Derecho a la vida (Artículo I), derecho a la igualdad ante la ley (artículo II), derecho a la familia y a su protección (artículo VI), derecho a la preservación de la salud y el bienestar (artículo XI), derecho a la protección judicial (artículo XVIII)

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Derecho a la vida (artículo 4), artículo 8 (garantías judiciales), igualdad ante la ley (artículo 24), protección judicial (artículo 25), derechos del niño (artículo 19).

VI. Argumentos sobre la Admisibilidad de la Presente Petición:

39. Los abajo firmantes solicitan a la Comisión que admita a trámite la siguiente petición, pues ésta cumple con los requisitos descritos en el Reglamento de la Comisión, como se explica a continuación:

a. Después de los hechos que constituyeron la matanza de 2003, descritos en los numerales 9 al 12 más arriba, el Estado Ecuatoriano no cumplió con su obligación de investigar los hechos, juzgar y sancionar a los autores de este hecho de violencia.  Conforme al Código Penal vigente en el Ecuador, este es un claro delito de acción pública, por lo tanto debía ser investigado por él.  En este caso, no ha habido una sentencia emitida por un órgano judicial competente, con respecto de la cual sea posible un recurso de apelación.  Por tanto, debido a la demora injustificada del Estado Ecuatoriano de castigar a los autores del asesinato de 26 miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenani, por la cual no se ha emitido un dictamen sustantivo sobre el caso ha sido imposible agotar los recursos de jurisdicción interna.  Por tanto, las excepciones contempladas en los literales b) y c) del Artículo 31, numeral 2, del Reglamento de la Comisión son aplicables.
b. Ha transcurrido un plazo razonable entre la ocurrencia de la matanza de 2003 y la presentación de esta petición, tomando en cuenta las características del caso, y tomando en cuenta la magnitud de la matanza, en la que murieron 26 miembros de los pueblos ocultos, cuyo número total se estima entre 100 y 200. 
c. Con respecto al resto de los hechos descritos más arriba, la presente petición es admisible en virtud de los literales b) y c) del Artículo 31, numeral 2, del Reglamento de la Comisión, los cuales son aplicables.
d. La petición actual no está pendiente en ningún otro organismo o instancia internacional.
 
VII.  Petitorio

40. En virtud de los hechos relatados, los cuales configuran violaciones a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani, solicitamos a la Comisión que:

1. Admita a trámite la presente petición y declare la violación de los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani.
2. Ordene al Estado Ecuatoriano que tome las siguientes medidas cautelares para proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenani, conforme a lo contemplado en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión:

1. Que el estado controle de manera adecuada y efectiva la tala ilegal de madera en las zonas indicadas, para lo cual deberá disponer de manera urgente que la fuerza pública actúe en coordinación con el Ministerio del Ambiente, con un número adecuado de elementos, debidamente entrenados, para impedir la salida de madera en los límites de la zona intangible. Es imprescindible que las acciones se lleven a cabo con la participación de organizaciones de la sociedad civil como la Veeduría Ciudadana de Pueblos Ocultos, y expertos nacionales e internacionales.  Zonas en las que se exige ejercer controles permanentes y efectivos son en el río Tiguino aguas abajo de la vía Auca; río Shiripuno aguas abajo de la vía Auca; puente sobre el río Napo (Vía Auca, antes de llegar a Puerto Francisco de Orellana); ríos Napo, Yasuní, Nashiño, Cononaco y Curaray, antes de la frontera con el Perú, orillas sur del río Napo en las carreteras construidas para operación  petrolera en los bloque 31 y 16.
2. Que el Estado Ecuatoriano investigue, conforme a la ley, los últimos sucesos de violencia en los que habrían muerto miembros de los pueblos ocultos Tarmomenani y Tagaeri de manera inmediata, y que establezca mecanismos de seguridad efectivos para impedir nuevos ataques en contra de los pueblos ocultos.  No se puede permitir que estos hechos queden en la impunidad como fue el caso en el 2003.  Dadas las circunstancias especiales de los pueblos ocultos, este proceso de investigación deberá realizarse por personas adecuadamente entrenadas, y en coordinación con personas y grupos conocedoras sobre la situación de los Pueblos Ocultos.
3. Que el Estado Ecuatoriano suspenda inmediatamente toda tala de madera en el parque Nacional Yasuní, para lo cual deberá suspender o declarar nula toda licencia de aprovechamiento forestal en el Parque, dando cumplimiento a la ley. Adicionalmente, que el Estado prohíba todo tráfico de madera de cedro en la provincia de Orellana y Pastaza (desde su límite norte hasta la orilla norte del río Curaray).
4. Que el Estado proceda a la inmediata expulsión de los madereros asentados en la región sur de Yasuní y a la destrucción de todo emplazamiento forestal ubicado dentro y en las zonas de amortiguamiento de la Zona Intangible y el Parque Nacional Yasuní.
5. Que el Estado proceda al inmediato cierre de todas las vías de ingreso a la  Zona Intangible de Yasuní, hogar de los pueblos aislados (carreteras y ríos) a fin de evitar nuevas hostilidades y masacres.
6. Que el Estado Ecuatoriano delimite la Zona Intangible, dando cumplimento al Decreto Ejecutivo No. 552 de 2 de Febrero de 1999, en consulta y coordinación con la Veeduría ciudadanos de Pueblos Ocultos y otras organizaciones y miembros de la sociedad civil interesadas en la adecuada protección de los pueblos ocultos.
7. Que el Estado Ecuatoriano ordene la salida de las compañías petroleras de la zona ocupada por los pueblos ocultos.
8. Que el Estado provea fondos para la implementación de un sistema de monitoreo permanente de la situación de los pueblos ocultos, el cual incluya la participación de miembros de la sociedad civil.  Adicionalmente, que el Estado Ecuatoriano financie y organice una campaña pública para difundir información sobre la existencia y situación de los pueblos ocultos, los límites de sus territorios, y la ilegalidad de traspasarlos. 
9. Que se modifique el Reglamento que permite el remate de maderas de procedencia ilegal que los eventuales controles forestales decomisan, puesto que, bajo esta mecánica, la madera del área protegida es comprada a menudo por los propios madereros envueltos en la violencia.
10. Cualquier otra medida cautelar que, a criterio de la Comisión, sea necesaria para proteger el bienestar de los pueblos ocultos.

VIII.  Pruebas

Pruebas sobre los hechos que son objeto de esta demanda serán presentadas posteriormente en el proceso, a requerimiento de la Comisión. 

IX. Notificaciones

Cualquier notificación relacionada con la presente notificación la recibiremos en la Casilla Postal # 1701600, Quito, Ecuador.  Adicionalmente, podremos ser contactados a los siguientes correos electrónicos:

Fernando Ponce: fernandoponcev@yahoo.com
Patricio Asimbaya: patoas@findingspecies.org
Juan Guevara: guevara@findingspecies.org
Raúl Moscoso: merovingio@hotmail.com

También podremos ser contactados en el siguiente número telefónico (Raúl Moscoso): 
(0115932) 2508776   
(0115939) 8227111 (celular)

X.  Envío de Documento Impreso

En vista de que esta petición ha sido enviada por medio electrónico, nos comprometemos a enviar a la Comisión el documento impreso y firmado lo antes posible.


Atentamente,

Fernando Ponce Villacís    Juan Guevara


Raúl Moscoso      Patricio Asimbaya