Inicio Contacto Quito, diciembre 17, 2017

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PRIMER DISTRITO

Dr. Luis Macas, legalmente capaz, mayor de edad, ecuatoriano, abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, Presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, CONAIE, en representación de los pueblos libres, en aislamiento voluntario, TAGAERI y TAROMENANE Y OTROS, como acreditamos con el nombramiento aparejado a la demanda, muy respetuosamente, comparecemos ante usted con la siguiente acción de amparo constitucional

Autoridad Pública contra la cual formulamos la acción

Anita Albán, Ministra del Ambiente, en tanto ha expedido la Resolución N. 217, de 18 de octubre del 2007, mediante  el cual ha cometido el acto ilegítimo de otorgar la licencia ambiental para explorar y explotar petróleo en el bloque 31, situado en  territorio de pueblos libres o en aislamiento voluntario y en el parque nacional YASUNÍ. Se contará asimismo con el señor Procurador General del Estado.

Acto ilegítimo

La Resolución N. 217, de 18 de octubre del 2007, mediante la cual se otorga licencia ambiental para que la firma brasilera de economía mixta PETROBRAS pueda explotar el bloque 31, situado en territorios de los pueblos libres TAGAERI y TAROMENANE Y OTROS y en el corazón del parque nacional YASUNÍ.  Territorios que contienen pero que se extienden más allá de la denominada zona intangible.

Razones por la cuales consideramos que el otorgamiento  de la licencia ambiental es un acto ilegítimo

El otorgamiento de la licencia ambiental antes mencionada es un acto administrativo ilegítimo porque atenta contra el ordenamiento jurídico del Ecuador en tanto lesiona o amenaza lesionar los derechos individuales de nuestras personas y colectivos de nuestros  pueblos libres TAGAERI, TAROMENANE Y OTROS, consagrados en la Constitución y varios instrumentos internacionales y   atenta contra los derechos ambientales individuales de las personas que nos pertenecemos a estos pueblos y los derechos ambientales difusos de todas las personas que habitan el país, reconocidos asimismo en nuestra Carta Política y en varios instrumentos internacionales vigentes en el país.
Este acto ilegítimo e inicuo se realizó bajo la presión diplomática del gobierno brasilero y la ministra ha cedido a ésta, en contra de los intereses nacionales, expresados en la defensa de todas las personas que habitan el Ecuador y del patrimonio natural de su heredad territorial; se ha desmoronado ante la presión dominante de un enorme país, que no ha respetado para nada el espíritu de la doctrina Calvo, consagrada en el artículo 14 de la Constitución  Política del Estado.
El otorgamiento de la licencia ambiental de marras soslaya el informe técnico del propio ministerio que señala que las objeciones formuladas en la auditoria ambiental no han sido superadas por la petrolera brasilera; con lo cual se incurrirá en violación a la normativa ambiental legal y reglamentaria; vale decir, al ordenamiento jurídico en materia ecológica vigente en el país.
La Ministra se encuentra facultada para otorgar licencias ambientales pero no para conferirlas contra normas constitucionales, internacionales, legales y reglamentarias. Esto significa arrogación de atribuciones que no le confieren la Constitución ni la ley y que se encuentra condenada en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado.
Me permito adjuntar el informe técnico del biólogo Fernando Ponce sobre las reiteradas violaciones a la normativa ambiental por parte de PETROBRAS en sus actividades relacionadas a la exploración y explotación del bloque 31.

Derechos constitucionales amenazados

Los derechos humanos amenazados por tal otorgamiento de la licencia ambiental son los siguientes:

De manera general e introductoria: El derecho al respeto y protección por el Estado, sin ningún tipo de discriminación, de todos los derechos  humanos individuales, colectivos y difusos de todas las personas y grupo humanos, consagrados tanto en la Constitución como en los  instrumentos internacionales, como señalan los artículos 6, 17, 18 y 23  de la Constitución, derechos humanos que se recogen en los artículos 23, 24, 84 y 86 de la Constitución y  se reconocen en varios instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; el Convenio N. 107 sobre los Pueblos y Poblaciones Indígenas y Tribales; Declaración sobre los Derechos del Niño, de 1959; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966: el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 1989; la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, de 1992; la Declaración de Río de Janeiro sobre el Ambiente y el Desarrollo, de 1992; el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992 y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007; y en instrumentos regionales, como la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, suscrita en Washington en 1940 y ratificada por el Ecuador en 1942 ; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1949; la Convención Americana  sobre los Derechos Humanos; de 1969; el Protocolo de San Salvador, de 1988; y la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

De manera puntual y específica, estos serían los derechos humanos gravemente amenazados:

Individuales, Sociales, Económicos y Culturales

El artículo 23.1 de la Constitución, referido al derecho a la vida, porque la incursión de la petrolera en nuestros territorios, se da paso al exterminio físico en tanto la licencia para intervenir en el bloque 31 permite y  fomenta el genocidio y el etnocidio de nuestros pueblos, como efectos secundarios previsibles pero aceptados como males menores inevitables; como si nuestra la vida  valiera menos que la  del resto de los ecuatorianos y que, como consecuencia necesaria de tal apreciación, no quedaría más que sacrificarnos por razones “superiores” de Estado, relacionadas a una supuesta fuente de ingresos para atender el desarrollo humano de los demás y al mantenimiento de las buenas relaciones con Brasil. Resistiremos la invasión con las armas; situación que precipitará la eliminación física de todos nosotros, ya que los forasteros se abrirán paso con armas de fuego y artefactos de destrucción más sofisticados y letales. No queremos que repita con nosotros lo que ocurrió con el desaparecido pueblo TETETE, exterminado como consecuencia de la explotación directa de petróleo en su territorio.
El artículo 23.4 bis, referido a la libertad y al aserto de que todos los seres humanos nacemos libres, inclusive los TAGAERI. TAROMENANE Y OTROS, en tanto la penetración de la compañía y la operación de ésta en nuestros territorios coartará nuestro valor y derecho más preciado, cual es la libertad y autonomía para estar y residir en nuestros territorios;  movilizarnos hacia los mejores lugares de caza y pesca; de asentarnos y sembrar donde nos plazca; de vivir sin la constante amenaza de forasteros, que intentan someternos, y de vivir sin imposiciones culturales extrañas.
Articulo 23.3 bis, relacionado al derecho de igualdad de tratamiento ante la ley, los jueces y las autoridades públicas, en tanto la patente de corsario para la penetración y explotación de crudo, en nuestros territorios, implica una discriminación de la peor especie, porque sacrifica el derecho a la vida o a vivir conforme a nuestros propios patrones culturales por dudosas y antihumanas razones de Estado. Opción preferencial por la explotación   petrolera, actividad destructiva por defecto, a realizarse sin consulta ni  consentimiento previos e informados y sin considerar nuestra dignidad humana; valor axiológico este que prescribe que el Estado no puede legalmente ni debe éticamente, bajo ningún concepto, exterminarnos, para obtener el bienestar de las otras personas que habitan el país, ni aún con el pretexto o justificación hipócrita  de que se trata de una consecuencia inevitable no deseada, que, muy a su pesar, tiene que ser aceptada, en función del bienestar social  del resto de ecuatorianos y ecuatorianas.
Artículo 23.6 bis, atinente al derecho individual a vivir en un ambiente sano, porque la exploración y explotación petrolera, por esencia y por defecto, que no simplemente por exceso, por más tecnología de punta y ecológicamente amigable que se ofrezca emplear, es contaminante del aire que respiramos, del agua que tomamos y de la tierra que nos proporciona alimentos; actividad sucia que contamina el tranquilizante sonido de la selva con el ruido ensordecedor de los helicópteros, las armas de fuego, las explosiones; actividad depredadora que ahuyenta y hasta extermina los animales que cazamos para alimentarnos; actividad que destruye las condiciones que hace posible la existencia de distintas especies animales y plantas que cohabitan y se necesitan unas a otras para conservar el equilibrio ecológico y la cadena alimenticia o atrófica de vida; condiciones que permiten la subsistencia de especies vegetales que nos curan de las enfermedades. El efecto dañoso no sólo proviene de la actividad y de los instrumentos empleados, sino de la presencia de personas extrañas que nos traen enfermedades frente a las cuales carecemos de defensas, que perturban la vida armónica de la familia a causa del acoso sexual a nuestras esposas e hijas. Actividad que trae como consecuencia la creación de necesidades suntuarias que carecemos para cuya satisfacción se requiere dinero y que trastorna nuestra economía por el imperio de las leyes del mercado; sistema económico invasor que resquebraja nuestra manera sencilla y sin contratiempos de satisfacer nuestras necesidades básicas.
Artículo 23.5 bis que trata del derecho a desarrollar libremente la personalidad, en tanto la invasión cultural y del modelo económico que resquebrajará nuestros propios valores y la confianza en nuestras propias fuerzas si es que no nos acaba físicamente, nos terminará como personas que vivimos y nos desarrollamos libremente conforme a nuestros paradigmas y a nuestra propia cosmovisión, mismos que la agresividad de la denominada civilización acabará por desplazarlos, dejándonos sin la enjundia espiritual que nos dan nuestras convicciones, creencias, usos y costumbres.
Artículo 23.8 bis, referido al derecho a la intimidad personal y familiar, en tanto el contingente de forasteros que penetrará agresivo, con armas de fuego y antropólogos, en nuestra heredad con la intención de contactarnos, domesticarnos o aniquilarnos, afecta el derecho a la privacidad y a la decisión de mantenernos aislados y libres del canto de sirena de los invasores.
Artículo 23.12 bis que alude a la inviolabilidad de domicilio, porque la penetración en nuestra heredad, territorio ancestral, hogar comunitario y familiar  por parte de petroleros, antropólogos, soldados, misioneros de todos los credos, policías y paramilitares es tan grave como el caso hipotético de que extraños se introdujeran en la casa del señor Juez, en contra de su consentimiento, para romper el piso y las paredes a fin de instalar una torre de perforación en el centro de la sala o su dormitorio.
Artículo 23.14 bis, atinente al derecho de transitar por el territorio nacional y a escoger la residencia, porque la actividad petrolera nos impedirá desplazarnos libremente por nuestro territorio y se nos acotará en espacios cada vez más reducidos, sin posibilidad de instalarnos, ni siquiera en forma temporal, como es nuestra costumbre milenaria, en las áreas aledañas a la actividad petrolera.
Artículo 23.20 bis, que se refiere al derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y agua sana, porque los forasteros traerán consigo enfermedades frente a las cuales carecemos de defensas; porque eliminarán o ahuyentarán nuestras presas de caza para alimentación, como consecuencia del sonido ensordecedor y de la ruptura del ciclo de vida de las especies de vida silvestre; y ensuciarán el agua que tomamos y que hace posible la existencia de especies bioacuáticas que nos sirven de sustento.
Artículo 23.23 bis, referido a la propiedad, en tanto la colectiva o comunitaria que tenemos sobre nuestros territorios, ya que la petrolera, con el aval de la licencia ambiental, los tomará por ocupación como si fuera “res nullius” o como si se tratará botín de guerra.
Artículo 23.22 bis, atinente al derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, en tanto la incursión de fuerzas dominantes y perturbadoras, interrumpirá la práctica normal de nuestros valores, usos y costumbres que conforman la cultura.
Artículo 23.26 bis, que trata de la seguridad jurídica, ya que el otorgamiento de la licencia ambiental para explotar el bloque 31, se lo hará en contra de todas las normas constitucionales, internacionales y legales que nos protegen, aún ante la aplicación antihumana de razones de Estado que no pueden, bajo ninguna circunstancia, situarse sobre o al margen del ordenamiento jurídico de protección a las personas y a los pueblos vigente en el país.
Artículo 37 bis, referido a la garantía de proteger a la familia, porque el grupo abigarrado de invasores acabarán con la unidad familiar, sea al interior de la familia, sea en la relación entre familias.  Ya conocemos la estrategia, seducen a ciertas familias y grupos y los predisponen en contra de los otros, en la línea de dividir para imperar.
Artículo 47 bis, que trata de los grupos vulnerables, puesto que el otorgamiento de la licencia ambiental no considera que la actividad autorizada implicará un desastre antropogénico (causado por el hombre), ante cuya amenaza cierta e inminente precisamos como pueblos un blindaje especial de protección.
Artículo 62 bis, referido a la cultura, porque el etnocidio inevitable que se avecina violenta la concepción de que la cultura es patrimonio del pueblo y un elemento esencial  de nuestra identidad.

Colectivos

Artículo 83, que señala que los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, formamos parte del Estado ecuatoriano, porque el trato discriminatorio, en clave de genocidio y etnocidio, de que seremos víctimas, ostensible en el otorgamiento de la licencia ambiental vigente, nos hará sentir extraños en nuestra propia PACHAMAMA, en nuestro país.
Artículo 84, que se refiere a la obligación por el Estado de reconocer y garantizar a los pueblos indígenas, los derechos colectivos enunciados en quince numerales, en vista de que la actividad inicua de la petrolera violentará, de manera específica:
• El numeral 1, porque impedirá el mantenimiento, desarrollo y fortalecimientos de nuestra identidad;
• El numeral 2, porque perderemos la propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible sobre nuestras tierras comunitarias, por obra y gracia de la actividad petrolera, considerada de mayor utilidad pública que el mantenimiento de las condiciones que permitan y fomenten el desarrollo integral de nuestras personas y pueblos;
• El numeral 3, ya que se nos impedirá mantener la posesión ancestral de nuestras tierras comunitarias;
• El numeral 4, en tanto se nos impedirá aprovechar y conservar los recursos naturales renovables que se hallan en nuestros territorios;
• El numeral 5, porque jamás no han consultado sobre el plan de explotación petrolera en nuestro territorio, ni se le ha pasado por la cabeza al gobierno nacional hacernos participes en los beneficios ni ha pensado en las indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales;
• El numeral 7, porque la actividad destructiva en camino nos impedirá conservar y desarrollar nuestras formas tradicionales de convivencia y organización social; y
• El numeral 8, porque inexorablemente seremos desplazados, como pueblos libres, de nuestras tierras.

Instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas que se encuentran seriamente amenazados:

- Estos derechos colectivos, referidos en el artículo 164 de la Constitución, se encuentran consagrados asimismo en el Convenio Nº 169 de la OIT, cuyas estipulaciones, de jerarquía constitucional, tampoco han sido consideradas para validar la licencia ambiental, señala, entre otros, que:
• Los pueblos indígenas y tribales deben gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación (Artículo 3.1);
• Estos pueblos deben ser consultados, cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente; consultados mediante procedimientos apropiados y de buena fe y en particular a través de sus instituciones representativas (artículo 6.1.a) y artículo 6.2.);
• El Estado deberá tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (Artículo 7.4)
• Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (Artículo 14.1)
• Los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente (Artículo 15.1)
• En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos, a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras (Artículo 15.2)
• Los pueblos no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan (Artículo 16.1)

- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recientemente suscrita (7 de septiembre del 2007), en nombre del Ecuador, por el señor Vicepresidente de la República, contiene disposiciones que no han sido consideradas en la determinación de otorgar la licencia ambiental; preceptos tales como:
• Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y a gozar de plenas garantías contra el genocidio o cualquier otro acto de violencia….Además tienen derechos individuales a la vida, integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona (Artículo 7.)
• Los pueblos indígenas tienen el derecho a no sufrir asimilación forzada o la destrucción de su cultura y el Estado se encuentra obligado a protegerlos de actos que atenten contra su integridad como pueblos distintos o de su identidad étnica (Artículo 8)
• Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener su propia relación espiritual y material con sus tierras, territorios y aguas (Artículo 25)
• Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen normas mínimas de sobrevivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo (Artículo 43)

- Existe asimismo el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, de 15 de marzo del 2006, que en relación a nuestro caso dice que “en la zona intangible y en el parque nacional YASUNÍ deberá suspenderse cualquier actividad petrolera..”; recomendación que no pretende acatar la Ministra del Ambiente.

- De otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto como medida cautelar para el Estado ecuatoriano de prohibir el ingreso de terceros en territorios TAGAERI Y TAROMENANE  y de asegurar que esta prohibición se acate. Medida cautelar que la Ministra tampoco se encuentra dispuesta a acatar.

- La Ministra tampoco le quita el sueño la amenaza que se cierne sobre ella, por haber entregado la autorización para explotar petróleo a una transnacional extranjera en nuestros territorios, de ser demandada por genocidio ante la Corte Penal Internacional, en aplicación de los artículos 1 a) y 2 c) del Estatuto de Roma, que establece la competencia de este tribunal para conocer del crimen de genocidio, cuando extiende la tipificación de este ilícito a actos tales como el sometimiento intencional del grupo de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.

Derechos Ambientales

Artículo 86, referido a la obligación del Estado de proteger el Estado  derecho difuso (colectivo, en nuestra Constitución) de la población  a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque el otorgamiento de la licencia ambiental, pasa por alto que ha sido declarado, en esta misma disposición, de interés público regulado por la ley: la preservación del medio ambiente; la conservación de los ecosistemas; la biodiversidad; la prevención de la contaminación ambiental; el manejo sustentable de los recursos naturales; los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas; y el respeto de las áreas naturales protegidas; en la especie, el parque nacional YASUNI, que conservan  la biodiversidad y mantienen los servicios ecológicos, de conformidad a los convenios y tratados internacionales.
Artículo 88, que señala que toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá consultar previamente a la comunidad, para lo cual deberá ser debidamente informada, en tanto, para el otorgamiento de la licencia y el otorgamiento, no se ha consultado a la comunidad ecuatoriana ni a la entidad  que cobija a todas las nacionalidades y pueblos indígenas, inclusive a nosotros,  los pueblos libres, en aislamiento voluntario o no contactados: TAGAERI, TAREMENANE Y OTROS.
Artículo 91, que consagra el principio de precaución, en razón de que el Ministerio del Ambiente ha otorgado la licencia ambiental de explotación en el parque nacional YASUNÍ y territorio de pueblos libres, sin molestarse en considerar la obligación de abstenerse de conferirla como medida cautelar ante la certeza científica, que no la simple duda que ya era suficiente para engendrar el mandato, sobre el alto impacto o las consecuencias ambientales negativas de la actividad petrolera en dicho santuario de la naturaleza.

Existen asimismo instrumentos internacionales en materia ambiental, mismos que por recoger derechos humanos en lo ecológico, tienen jerarquía constitucional, aún cuando se trate de simples declaraciones y  no tengan el carácter de tratados o convenciones.

- La Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, adoptada en Washington en 1940 y ratificada por el Ecuador en 1944, acaso es el instrumento más pertinente y vinculante, en relación a la pretensión de permitir la actividad petrolera el parque nacional YASUNÍ.
Su artículo III dice textualmente: “Los gobiernos contratante convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no es explotarán con fines comerciales”.
Este precepto prohíbe de una manera terminante la actividad petrolera en el parque nacional  YASUNÍ y la Ministra del Ambiente, al levantar la suspensión de la licencia ambiental, violará gravemente esta Convención.

- La Declaración de Río de Janeiro sobre el Ambiente y el Desarrollo, de junio de 1992, recoge, entre otros, los siguientes principios, que de igual manera han sido soslayados por el acto administrativo ilegítimo por cometerse:

• Principio 1, Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionas con el desarrollo sostenible
• Principio 2, El derecho al desarrollo deber ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras
• Principio 5, Todos los Estados deben cooperar en la tarea de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible
• Principio 10, El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados
• Principio 15, Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no  deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente
• Principio 16, Las autoridades nacionales deben fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe cargar con los costos de la contaminación, debiendo considerar el interés público
• Principio 17, Debe emprenderse una evaluación de impacto ambiental, en calidad de instrumento racional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente
• Principio 22, Los pueblos indígenas y las comunidades locales desempeñan un papel fundamental en el ordenamiento del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales

- El Convenio sobre la Diversidad Biológica, de junio de 1992, ha sido soslayado, especialmente:

• En su preámbulo que observa que cuando exista amenaza de reducción o pérdida sustancial de la biodiversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo la amenaza
• El artículo 10 b) que señala que cada Parte Contratante integrará el examen de la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones
• El artículo 14.1.a) que dispone que cada Parte Contratante establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos, y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.

Daños Graves e Inminentes

Los daños, como se infiere, de la lectura del presente escrito, son graves, en lo cuantitativo y cualitativo, en la extensión y en la profundidad, en la medida que serán irreversibles; daños graves da desencadenarse por el otorgamiento de la licencia socio-ambiental para exterminarnos como personas y pueblos y para destruir un santuario de la mega biodiversidad como es el parque nacional YASUNI; en la medida que aparte de la destrucción del patrimonio territorial, cultural y natural que la actividad petrolera provocará, significan lesiones de alto calado a todos los derechos humanos antes mencionados. El genocidio y etnocidio de nuestros pueblos y el ecocidio del YASUNI constituyen enormes daños que deben evitarse mediante una resolución estimatoria del señor Juez.
Los daños, alguno de los cuales se han producido, son inminentes, no sólo porque los que se están dando sino por los más graves, irreparables e irreversibles que se producirán; daños ad portas, que constituyen amenazas actuales y próximas que no simplemente remotas y discutibles, amenazas muy próximas que se convertirán en daños graves verificables, si el resto de ecuatorianos, con la mano firme y justa del juez constitucional, no los impedimos.

Efecto preventivo del amparo constitucional

El  amparo constitucional encuentra su mayor sentido, virtud y oportunidad cuando se lo confiere en el efecto preventivo. Más aún si se prevén daños graves que comprometen la vida de seres humanos y de especies animales y vegetales endémicas del YASUNÍ.
Seria irresponsable de nuestra parte, esperar que los daños graves se produzcan para reaccionar.

Pretensión

La CONAIE, en representación de los pueblos libres TAGAERI, TAROMENANE Y OTROS, solicitamos del señor Juez, que mediante resolución estimatoria, disponga a la Ministra del Ambiente que se revoque la nueva licencia ambiental a favor de PETROBRAS y se abstenga de otorgarla a favor de cualquier otra empresa nacional o extranjera, para explorar y explotar petróleo en el  bloque 31, que hace parte de nuestros territorios, cuya extensión trasciende el coto de la zona intangible; del parque nacional YASUNI y de la reserva de la Biosfera. 

Declaración juramentada

Declaramos de una manera juramentada que no hemos presentado una acción de amparo similar ni recurso o demanda de otra índole sobre el mismo objeto ni sobre la misma causa a pedir.

Domicilio para las citaciones y notificaciones

La señora Ministra del Ambiente será citada en su despacho de la Avenida Eloy Alfaro y Amazonas de la ciudad capital. El señor Procurador General del Estado será citado en su despacho de la calle Robles y Amazonas de la ciudad de Quito.
Para las notificaciones señalamos el casillero judicial 4360 del abogado de mi representada, la CONAIE, doctor Raúl Moscoso Álvarez, a quién autorizamos para que, en nuestro nombre, intervenga en el desarrollo de la presente causa constitucional.

Dr. Luis Macas
Presidente de la CONAIE

Dr. Raúl Moscoso Álvarez
Matrícula 1040 CAP