Inicio Contacto Quito, diciembre 17, 2017

SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE:

El “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva” en su Art. 178 establece que:

“los administrados… podrán  interponer  ante  los  ministros  de  Estado o las máximas  autoridades  de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:

a)  Que  hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho  que  aparezca  de  los  documentos  que  figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;

El  recurso  de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años  a partir del inicio de su vigencia en el caso de los literales a)  y  b),  de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria,  siempre  que  no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos…

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse  no  sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en  su  caso,  sobre  el  fondo  de  la  cuestión resuelta por el acto recurrido.”

En tal virtud, yo, Marianita de Jesús Muñoz Jaramillo, de 62 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, viuda, secretaria ejecutiva bilingüe, en uso de las facultades que me concede la Constitución Política del Ecuador, especialmente en su artículo 23, numeral 15; en cumplimiento de mi deber ciudadano de respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente;  y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 178 del “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”, interpongo el presente RECURSO DE REVISIÓN contra la “Licencia Ambiental para la ejecución del Proyecto  de Desarrollo y Producción del Bloque 31, en los campos Nenke y Apaika,” emitida por el Ministerio del Ambiente el 18 de Octubre del 2007 en base a la causal a) del precitado Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
 
FUNDAMENTOS FÁCTICOS

1 El Parque Nacional Yasuní es uno de los sitios de mayor belleza y diversidad biológica en el mundo según lo han señalado los “Científicos Preocupados por el Yasuní”. Conservar hoy el Parque Yasuní podría tener profunda importancia no sólo para las generaciones inmediatas sino para la conservación de vida silvestre a muy largo plazo, dentro del planeta. El gobierno del Ecuador estableció al Parque nacional Yasuní, como zona protegida, el 26 de Julio de 1979, fecha en que sus 982,000 hectáreas pasaron a formar parte del “Patrimonio Nacional de Áreas Naturales”.

2. El parque protege varias especies que están bajo distintos grados de amenaza.   Según varias personalidades de la ciencia, el Parque Yasuní cumpliría una función importante en mantener poblaciones viables de al menos 253 especies de mamíferos (además de especies de anfibios y reptiles).  Un caso notorio es el de la nutria gigante, una especie en peligro de extinción cuyo hábitat constituye el río Tiputini.  Precisamente sobre el Río Tiputini, en el año 2005, personal contratado por Petrobras estuvo circulando con embarcaciones que pusieron en poniendo en peligro la subsistencia de especies vulnerables. Así también el estudio de impacto ambiental preparado por Petrobrás en el año 2006 reconoce la vulnerabilidad del ecosistema inundable en el cual se asentará un Centro de Facilidades Petroleras (CPF) cerca del río Tiputini. Razón por la cual existe la propuesta de localizar el CPF en zonas con menor impacto.

3. Lamentablemente hay grandes porciones del país con altísima diversidad que no están dentro del sistema de áreas protegidas, (como se indicó en un Recursos de Revisión presentado al Ministerio de Ambiente en el año 2005) lo que hace aún más urgente que al menos la flora dentro del Yasuní sea conservada como una de las últimas zonas sin alterar en el Ecuador.

4. El emisor de la licencia ambiental ya reconocía esta situación en el años 2005 en su página de Internet donde decía:  “los estudios científicos sobre la fauna del Parque, han determinado la existencia de 500 especies de aves.  En cuanto a mamíferos, existe un registro de 173 especies, aunque se estima que existen unas 200 que corresponderían al 57% de toda la fauna existente en el país. Por su alta diversidad, la herpetofauna –reptiles y anfibios-, es una de las más amplias en el mundo. Se han registrado 62 especies de serpientes y más de 100 de anfibios, 43 de las cuales corresponden exclusivamente a ranas arborícolas, muchas de colores tan intensos como tóxicos. La ictiofauna compuesta por peces de agua dulce, presenta también una altísima diversidad.” 

5. La empresa Ecuador TLC que opera en el Campo Palo Azul, que es en parte propiedad de Petrobrás, tiene acusaciones graves de inapropiado manejo ambiental en dicha zona. Las acusaciones incluyen el arrojamiento de aguas tóxicas (aguas de formación) a una fuente de agua por dos años. Esto ha sido documentado dentro de un grupo interinstitucional que creó el Ministro Alberto Acosta durante su corta presencia en el Ministerio de Energía y Minas en la primera mitad del año 2007. Sobre tal situación se informó a la Ministra Ana Albán, al Subsecretario Roberto Urquizo y  a la Dra. Rosa Rodríguez de manera detallada  en un estudio donde se evalúa el tema de la caducidad para las contratistas del Bloque 18 (que incluye el Campo Palo Azul) y el Bloque  31.  En cuanto al Bloque 18, al ser Ecuador TLC propiedad de Petrobrás existe responsabilidad compartida en cuanto a malos manejos ambientales. Ante esta situación resulta alarmante que a Petrobrás, empresa que no parece haber asumido su parte de responsabilidad ambiental en otras situaciones, se le permita operar en una zona tan vulnerable como el río Tiputini y en general el Parque Nacional Yasuní.

6. A estos antecedentes se debe sumar que Petrobrás con tenacidad intentó ingresar a esta zona con una vía para carros que hubiera significado impactos ambientales sumamente graves (entre los años 2004 y 2005). Sólo el derrocamiento del dictador Gutiérrez logró generar la suficiente presión social para que esa empresa sea forzada a cambiar este aspecto de su proyecto. Sin embargo el grupo de “Científicos Preocupados por el Yasuní” ha presentado cuestionamientos al actual proyecto de Petrobrás que hasta donde entendemos no han sido considerados seriamente en ninguno de sus planteamientos. Esto demuestra que Petrobrás y funcionarios del Ministerio del Ambiente nuevamente han actuado con absoluta insensibilidad ante los planteamientos de la sociedad civil y la necesidad de proteger una joya biológica que debe conservarse intacta para beneficio de la actual  y futuras generaciones de ecuatorianos y otros habitantes del Planeta.

7. Así también junto con el  ingreso irresponsable de Petrobrás por el río Tiputini en el año 2005 –que puso en peligro la fauna de este río- entendemos que la empresa explotó material sin ningún permiso de un islote en el río Napo. Evidentemente esto demuestra absoluto desprecio de las normas de convivencia y respeto mutuo que deben ordenar la vida diaria de ecuatorianos y empresas nacionales o extranjeras. Circunstancias que han sido documentadas por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y que no deben quedar impunes o ser premiadas con el ingreso al Parque Nacional más diverso del Ecuador (y posiblemente del Planeta Tierra). Más aún, circunstancias que ante la situación de impunidad en el Campo Palo Azul y en el actual proyecto en el Bloque 31 están dando a Petrobrás la noción clara de que puede violar nuestras normas ambientales, en general violar nuestras leyes y destruir nuestros ecosistemas sin que ello signifiquen mayores consecuencias. Por lo tanto que ahora se pretenda permitir la presencia de Petrobrás en esta reserva bajo el argumento de que usará la mejor tecnología resulta vacío y poco creíble frente a nuestra realidad de desprecio de la ley e impunidad (o viceversa). 

8. Ya con anterioridad el Presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva en correspondencia dirigida al Dr. Alfredo Palacio (el 26 de julio del 2005) expresa su “certeza de que las actividades de PETROBRAS… se dan en condiciones de equilibrio socio-ambiental, pues la empresa observa serios compromisos con la preservación del medio ambiente respecto a las comunidades locales.” Sin embargo, hasta donde conocemos el Presidente de Brasil jamás respondió a los cuestionamiento que “Científicos Preocupados por el Yasuní” hacían en ese momento al proyecto de Petrobrás.  Más aún, Señora Ministra, en una reunión realizada en el año 2005 entre la Ministra Albán, miembros del grupo Asesor Técnico del Parque (GAT) y funcionarios de Petrobras se profirieron amenazas de juicios por parte de Petrobras. Esto porque, entendemos, se presentaron argumentos sólidos en contra del proyecto de Petrobrás. Contradicen estos comportamientos las palabras del presidente del Brasil: “Conozco que la empresa ha manifestado su disposición, junto con el Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, de encontrar soluciones técnicas que permitan compatibilizar sus actividades de exploración del bloque 31 con sustentabilidad ambiental”. Sin embargo, Lula da Silva sólo pedía ese momento soluciones para que Petrobras pueda continuar operando, para que las cosas funcionen “de conformidad con nuestras excelentes relaciones”. Un gobierno extranjero, parece, ejercía presión entonces para que nuestras autoridades se allanen a sus intereses.

9. Estas presiones continúan hoy Señora Ministra según lo documenta el Ministerio de Relaciones Exteriores en mayo de este año (Nota No. 22755/GM/SB/DGPB del 23 de mayo del 2007) donde con claridad meridiana se invocan acuerdos entre  presidentes para justificar la violación de nuestro ordenamiento legal. Con ello se demuestra que es superfluo hablar del uso de “las mejores técnicas” cuando no existe interés en respetar a nuestras mejores y más respetadas instituciones (como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

10. Dentro de este contexto de arbitrariedad promovido por el gobierno del Brasil se emite el 18 de octubre de 2006 una licencia ambiental a favor de Petrobrás que evidentemente se produjo con exagerado e innecesario apresuramiento. Tanto es el apuro que las motivaciones dadas en el cuarto considerando de la licencia no coinciden con la realidad.  Se dice: …“la actividad hidrocarburífera es una política nacional, que se encuentra permitida dentro de las áreas protegidas de conformidad con lo que establecen los Arts. 246 y 247 de la Constitución Política vigente”. Esto es errado Señora Ministra. Los artículos 246 y 247 no hablan en absoluto sobre actividad extractiva dentro de áreas protegidas. Más aún se olvida que el siguiente artículo (248) dice:

“Art. 248.- El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales. Su conservación y utilización sostenible se hará con participación de las poblaciones involucradas cuando fuere de l caso y de la iniciativa privada, según los programas, planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo y calidad de vida y de conformidad con los convenios y tratados internacionales. (el subrayado es de la autora de este recurso).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

11. Señala el artículo 248 de la Constitución que la “utilización sostenible” de las áreas protegidas como “parques nacionales”  se hará “de conformidad con los convenios y tratados internacionales”. Se omite sin embargo mencionar en los considerandos de la mencionada licencia el artículo III de la “Convención para la protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América” que dice en sus partes pertinentes:

“Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.”

12. Es evidente entonces que la licencia ambiental se concedió sin la apropiada motivación legal e ignorándose  una norma que constituye parte de nuestro ordenamiento legal (la Convención mencionada). Así el art. 163 de la Constitución dice:

“Art. 163.- Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía.”

La norma ignorada tiene mayor importancia que cualquier ley. Sin embargo no consta en las motivaciones de la licencia.

13. Además sobre los instrumentos internacionales la Constitución también establece:

“Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.”

A pesar de ello la  “Convención para la protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América” no fue tomada en cuenta el momento de emitir la licencia.

14. Sin perjuicio del desconocimiento, voluntario o involuntario, de información fundamental para el efecto,  la “Licencia Ambiental para la ejecución del Proyecto  de Desarrollo y Producción del Bloque 31, en los campos Nenke y Apaika” fue concedida con evidente quebrantamiento de normas legales, constitucionales y supranacionales.  El emisor de la “Licencia Ambiental para la ejecución del Proyecto  de Desarrollo y Producción del Bloque 31, en los campos Nenke y Apaika” desconoció los mandatos de la:  Constitución Política vigente (art. 248) y Convención para la protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América (art. III). 

20. Consecuentemente: por atentar contra mandatos constitucionales y la “Convención para la protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de América” debe declararse a la mayor brevedad posible la nulidad de la “Licencia Ambiental para la ejecución del Proyecto  de Desarrollo y Producción del Bloque 31, en los campos Nenke y Apaika”

24. En conclusión, al expedirse del acto administrativo, cuya validez se impugna por ese medio, se cometieron indudables  errores de derecho,  que figuran expresamente en diversas disposiciones legales. 

REQUERIMIENTO:

Habiéndose cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos por los artículos 178 y 180 del “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”;  y encontrándose el acto impugnado incurso en la situación descritas en el incisos a) del precitado artículo 178,  solicito se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la “Licencia Ambiental para la ejecución del Proyecto  de Desarrollo y Producción del Bloque 31, en los campos Nenke y Apaika.”

Señalo para notificaciones el casillero judicial 2151 del Dr. Alejando Ponce Villacís, en el Palacio de Justicia de Quito. Firmo conjuntamente con mi abogada patrocinadora, a quien faculto a interponer en lo venidero todo escrito que fuera favorable para el impulso de la presente causa y a actuar en mi nombre en toda audiencia o gestión que fuera necesaria en relación a este proceso.


Marianita de Jesús Muñoz Jaramillo   Cristina Ponce
C 170030068-2     Matrícula 10085