Inicio Contacto Quito, octuber 18, 2017

Se decía que “tenemos una muy buena constitución en cuanto a la parte dogmática, pero que debe ser fortalecida en su parte orgánica”.  No obstante, el Proyecto de Constitución:

  • consolida un régimen en el que se diluyen los derechos individuales en función de un colectivo difuso
  • destruye los mecanismos para exigir y proteger derechos
  • echa abajo las estructuras orgánicas que previenen los abusos del poder 

Así, el motivo que llevó muchas ecuatorianas y ecuatorianos a optar por una nueva Constitución se frustra en este proyecto que, de hecho, coloca a la ciudadanía en total desprotección.  A continuación algunos de los motivos para rechazarlo:

1. El Estado deja de ser responsable (ya no debe asumir los daños que cause al ciudadano) (Art. 1 del Proyecto de nueva Constitución, a diferencia del Art. 1 de la Constitución actual).

2. Se retrocede en derechos económicos y sociales:  se permite al estado justificar retrocesos en el ejercicio de derechos (Art. 11 numeral 8) y se elimina la gratuidad en la salud pública (Art. 32) excepto para adultos mayores (Art. 37), mientras que en la Constitución actual la salud pública es grautuita para todos (Art. 43, Constitución actual).

3. Se obliga al Estado a garantizar que las mujeres puedan practicar el aborto “en condiciones que garanticen su seguridad” (Arts. 66 numerales 9 y 10, y Art. 45).

4. Ignora los derechos y necesidades del individuo en función del colectivo (Arts. 3, 14, 26, 32, 74, 83, 85, 250, 275, 278, 283, 290, 319, 385, 387 y otros). En base a esta nueva lógica se justificarán todo tipo de abusos, se someterá al pueblo a un régimen de austeridad y se destruirá el medio ambiente en función de las necesidades de “la mayoría”. 

5.  Se permite que el Estado declare a la propiedad como área estratégica y que adopte políticas públicas para hacer efectivo este derecho (y el derecho a la vivienda), disposiciones que se utilizarán para restringir el derecho a la propiedad, bajo un régimen colectivista (Art. 66 numeral 26, Arts. 30, 31, y 313).

6.  Para la acción de protección (que reemplaza al amparo) se podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones (Arts. 86), lo que implicará retrasos de meses o años volviendo a este recurso, que por su naturaleza deber ser efectivo y rápido, lento e ineficaz, dejándonos en absoluta indefensión frente a la violación de nuestros derechos (Art. 88 del Proyecto, mientras que  según la Constitución actual debe resolverse en 24 o 48 horas, Art. 95).

7. Se vuelven inejecutables las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al remitirlas nuevamente a procesos internos (vía procesal ordinaria) (Art. 436 numeral 5).  Nuevamente, las víctimas de violaciones de derechos humanos, quedarán en absoluto desamparo.

8.  El órgano de control Constitucional (y de vigilancia de derechos y de las actuaciones del Ejecutivo) tendrá un origen mayoritariamente político (Arts. 434, 204 y 213), reiterando la ausencia de un órgano imparcial de apelación frente a la violación de derechos o abusos de poder por parte del Estado.

9. La primera Corte Constitucional será íntegramente de origen político, (de acuerdo al Régimen de Transición y a la Transitoria Segunda). Esta situación colocará a la ciudadanía en completa indefensión frente a inconstitucionalidades y violaciones de sus derechos por los próximos 9 años. Varias disposiciones del Régimen de Transición y el Art. 1 de la Constitución (que elimina el Estado de Derecho) responden a un régimen de facto.

10.  Se rompe el equilibrio de poder y se consolida un  poder presidencial excesivo. Se permite al presidente disolver la asamblea cuando (literalmente) “ a su juicio” esta se hubiere arrogado funciones o si “de forma reiterada e injustificada obstruyere la ejecución del plan nacional de desarrollo”. Si bien se debe convocar a elecciones, mientras tanto el Presidente emite leyes, lo cual le concede poderes absolutos (Art. 148). En cambio, las causales de enjuiciamiento al Presidente son muy limitadas (Art. 129).  La eliminación de la división de poderes se vuelve absoluta con la eliminación del control constitucional pues la creación de la Corte Constitucional va a otorgar más poderes al Ejecutivo, al provenir de este mismo y al carecer de imparcialidad para vigilar que sus actos respeten la Constitución y los derechos humanos.  Por otra parte, el propio texto limita, discriminatoriamente, las causales por las que puede revocarse el mandato al Presidente, y lo somete al control previo por la Corte Constitucional (que surge del Ejecutivo) (Arts. 105 y 106).

11. Se fortalece la partidocracia.  Se ordena la reinscripción de los partidos políticos que (Transitoria Duodécima) que estará sometido al control de un TSE elegido por el Presidente actual (Régimen de Transición), consolidándose un partido único.  El Presidente puede ser reelegido inmediatamente sin necesidad de renunciar a su cargo, lo cual querría decir que, el gobernante, podría estar en campaña permanente, destinando para ello fondos públicos (Art. 114). 

12. Se politiza la justicia y se elimina el principio de independencia jurisdiccional al someter las decisiones de la Función Judicial a la Corte Constitucional, de origen político (Art. 437).

13.  El Ejecutivo absorbe las decisiones en materia monetaria y cambiaria (Art. 303).  El Presidente podría decidir eliminar la dolarización.

14. Se restringe la autonomía universitaria al someterla al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas, provenientes del poder Ejecutivo (Art. 351).

15.  Se permite el ingreso y explotación forestal y de recursos no renovables en áreas naturales protegidas y en la Zona Intangible de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (Art. 407).

TODAS  POR LA PATRIA VOTA NO

CAPACITACIÓN CIVICA “CIUDADANOS POR LA DEMOCRACIA”